Para intentar responder hay que regresar al origen de la operación.

El modelo elegido no consistió simplemente en que la Administración construyera o comprara una desaladora. La planta fue construida y financiada por Hydro Management, sociedad perteneciente a un grupo empresarial privado, que mantuvo la titularidad de las instalaciones. Posteriormente, la sociedad pública Desaladora de Escombreras S.A. (DESAU) suscribió un contrato para arrendar esas instalaciones durante 25 años, pagando un canon fijo y disponiendo de una opción de compra al finalizar el periodo.

Pero había más.

La explotación y mantenimiento de la planta se contrató con TEDAGUA, otra compañía privada vinculada al mismo grupo empresarial, mediante un sistema que incluía una parte variable según el agua producida y otra fija correspondiente a los costes de explotación.

Así quedó configurada una operación en la que la Administración no solo necesitaba producir y vender agua, sino obtener ingresos suficientes para soportar durante décadas una estructura contractual enormemente pesada.

Y aquello no ocurrió.

Durante los primeros años, Escombreras estuvo muy lejos de producir y vender el volumen de agua esperado. Los ingresos eran insuficientes, pero las obligaciones económicas continuaban llegando.

La desaladora podía producir poca agua, pero el contrato no dejaba de producir facturas.

Ahí aparece una de las claves para entender el problema: ¿quién asumía realmente el riesgo si las previsiones no se cumplían?

El Tribunal de Cuentas describió el modelo con claridad: Hydro Management asumía el riesgo de construcción y puesta a disposición de las instalaciones, mientras DESAU debía pagar durante 25 años el canon correspondiente. Paralelamente existía el contrato de explotación y mantenimiento con TEDAGUA.

Una vez terminada y entregada la infraestructura, por tanto, una parte fundamental del riesgo económico derivado de una producción o demanda insuficiente terminaba repercutiendo sobre una sociedad pública incapaz de financiarse exclusivamente mediante la venta de agua.

Y detrás de DESAU estaba la Comunidad Autónoma.

Por eso las pérdidas no hicieron desaparecer las obligaciones. Hubo que seguir aportando dinero público.

Pero todavía existe un dato que permite comprender mejor hasta qué punto resultaba complicado escapar de aquella operación.

En la documentación incorporada al procedimiento judicial del denominado caso La Sal se llegó a valorar la desaladora y sus infraestructuras asociadas en unos 175 millones de euros. Sin embargo, una eventual resolución contractual, calculada con referencia a junio de 2012, superaba los 600 millones de euros.

La paradoja resulta difícil de explicar al ciudadano:

salir del contrato podía costar varias veces el valor de la propia infraestructura.

La Comunidad quedó así ante una situación extraordinariamente complicada. Continuar pagando resultaba muy caro, pero romper anticipadamente podía resultar todavía más costoso.

Incluso años después se intentó otra vía. La Comunidad Autónoma solicitó judicialmente poder consignar las cuotas del arrendamiento, es decir, depositarlas judicialmente en lugar de continuar abonándolas directamente mientras se investigaban las posibles irregularidades.

En diciembre de 2020 aquella petición fue rechazada por el Juzgado de Instrucción número 5 de Murcia.

Y mientras todo esto ocurría, los contratos seguían su curso.

Por eso el problema de Escombreras no puede analizarse únicamente preguntando cuánto costó construir la planta. Hay que preguntarse qué compromisos se aceptaron, qué garantías tenía cada parte y qué capacidad real conservaba la Administración para abandonar la operación si las previsiones económicas fracasaban.

La Justicia deberá determinar ahora si, además de una operación económicamente perjudicial, existieron responsabilidades penales.

En noviembre de 2024 se acordó la apertura de juicio oral contra 15 investigados por presuntos delitos relacionados con el proyecto y el contrato de arrendamiento. También aparecen diversas sociedades como posibles responsables civiles subsidiarias. Fiscalía reclama alrededor de 70 millones de euros por el supuesto perjuicio económico y la Comunidad Autónoma ha reclamado una cantidad superior.

Pero para valorar política y económicamente la operación no necesitamos esperar a una sentencia.

Las facturas existen, los contratos existen, las aportaciones públicas existen

Y el compromiso económico continua hasta el 2034.

Actualmente Escombreras produce agua y esa agua tiene utilidad para miles de agricultores. Como explicábamos en la primera parte, este hecho debe reconocerse. Pero que una infraestructura sea útil hoy no convierte automáticamente en acertado el modelo financiero utilizado para construirla casi veinte años atrás.

La cuestión es precisamente la contraria.

Si Murcia necesitaba una desaladora, ¿por qué no se eligió una fórmula en la que el coste final y el riesgo para las arcas públicas fueran mucho menores?

¿Por qué una instalación valorada en una cantidad muy inferior podía generar una factura de más de 600 millones si se pretendía resolver anticipadamente el contrato?

¿Por qué la Administración quedó obligada a seguir aportando dinero cuando los ingresos procedentes de la venta de agua eran insuficientes?

Y, sobre todo:

¿quién aprobó un modelo en el que salir podía resultar más caro que quedarse?

Esta es probablemente la gran lección que debería dejar el caso Escombreras.

Cuando una Administración firma un contrato durante 25 años, quienes lo firman pueden abandonar la política mucho antes de que termine. Los gobiernos cambian, los responsables cambian y las circunstancias económicas también.

Pero los contratos permanecen.

Y cuando las previsiones fallan, la factura no desaparece con quienes tomaron las decisiones.

La siguen pagando los presupuestos públicos.

La siguen pagando los ciudadanos.

Y en el caso de Escombreras, salvo que cambien las condiciones existentes, los murcianos seguirán haciéndolo hasta 2034.

José García Martinez.