El próximo 28 de octubre, el campo español volverá a salir a la calle. Y lo hará por una razón que debería preocuparnos a todos: la agricultura y la ganadería están luchando por su supervivencia. No estamos hablando solamente de los problemas económicos de un sector productivo. Estamos hablando de nuestra alimentación, de nuestros pueblos, de nuestra economía y, en definitiva, de la capacidad de España para seguir alimentando a sus ciudadanos.

Mientras buena parte del debate político se consume en enfrentamientos partidistas, nuestros agricultores y ganaderos llevan años reclamando soluciones a problemas que, lejos de desaparecer, se acumulan y amenazan la continuidad de miles de explotaciones.

Desde 2018, el campo español ha protagonizado sucesivas movilizaciones. En 2020, los agricultores salieron a protestar por los bajos precios que recibían por sus productos. En 2024, denunciaron el exceso de burocracia, las exigencias medioambientales, las dificultades de la PAC y la competencia de las importaciones procedentes de terceros países. En 2026, las movilizaciones han vuelto a poner sobre la mesa el futuro de las ayudas europeas y los acuerdos comerciales, especialmente el de Mercosur.

Han pasado ocho años y las reivindicaciones siguen siendo prácticamente las mismas. Lo verdaderamente preocupante es que, mientras los problemas permanecen, muchas explotaciones han perdido capacidad económica para resistir.

Los costes de producción se han disparado. El combustible, los fertilizantes, la energía, la maquinaria y numerosos medios de producción son cada vez más caros. Sin embargo, los precios que perciben muchos agricultores no evolucionan en la misma proporción. Se les exige producir alimentos de calidad, cumplir exigentes controles y asumir nuevas obligaciones, pero no siempre se les garantiza una remuneración suficiente para cubrir sus costes y obtener un beneficio razonable.

A esta situación se añade una competencia internacional que exige una reflexión profunda. Europa impone a sus productores requisitos medioambientales, sanitarios y administrativos cada vez más exigentes, mientras permite la entrada de productos procedentes de países con condiciones de producción diferentes. No se trata de cerrar nuestras fronteras, sino de exigir reciprocidad y controles efectivos. No podemos obligar al agricultor español a competir con una mano atada a la espalda y después sorprendernos cuando abandona su explotación.

Y ahora se suma la incertidumbre sobre la futura Política Agraria Común para el periodo 2028-2034. Las propuestas presupuestarias europeas han despertado una enorme preocupación entre agricultores y ganaderos por la posible pérdida de financiación y de garantías para el sector. Cualquier reducción efectiva de las ayudas supondría una dificultad añadida para explotaciones que ya trabajan con márgenes muy ajustados.

Por si todo esto fuera poco, las obligaciones administrativas continúan aumentando: registros de fertilización, planes de abonado, controles de productos fitosanitarios, requisitos de las buenas condiciones agrarias y medioambientales, ecorregímenes y nuevas exigencias de protección del suelo y del agua.

La protección del medio ambiente es necesaria, pero debe ser compatible con la viabilidad económica de quienes trabajan la tierra. Una agricultura que no puede sobrevivir económicamente tampoco puede garantizar la conservación del territorio.

Y aquí es donde los españoles deberíamos empezar a preocuparnos de verdad.

¿Qué sucederá cuando miles de agricultores decidan que ya no merece la pena sembrar? ¿Qué ocurrirá cuando nuestros jóvenes renuncien a continuar las explotaciones familiares porque trabajar de sol a sol no les permite ganarse dignamente la vida? ¿Quién mantendrá nuestros campos, nuestros regadíos y nuestros pueblos cuando desaparezcan quienes los han cuidado durante generaciones?

Las consecuencias pueden ser devastadoras.

El abandono progresivo de la agricultura supondría la desaparición de explotaciones familiares, la pérdida de empleo en el medio rural, el cierre de empresas auxiliares, el despoblamiento de numerosos municipios y el deterioro de territorios que hoy se mantienen vivos gracias al trabajo de agricultores y ganaderos.

Pero existe una amenaza todavía mayor: la pérdida de nuestra soberanía alimentaria.

Un país que renuncia progresivamente a producir sus propios alimentos se convierte en un país cada vez más dependiente del exterior. Y esa dependencia puede resultar especialmente peligrosa cuando aparecen conflictos internacionales, crisis energéticas, restricciones comerciales, problemas de transporte o interrupciones en las cadenas de suministro.

Imaginemos por un momento una España con buena parte de sus tierras abandonadas, sus explotaciones cerradas y una creciente dependencia de las importaciones. Imaginemos una crisis internacional que encarezca o dificulte la llegada de alimentos. Entonces comprenderíamos, demasiado tarde, que haber debilitado nuestra agricultura no fue solamente un error económico, sino también un grave error estratégico.

Porque los alimentos no aparecen por generación espontánea en las estanterías de los supermercados. Detrás de cada lechuga, de cada tomate, de cada litro de leche y de cada kilo de fruta hay agricultores, ganaderos, inversiones, agua, energía, esfuerzo y años de trabajo.

Y conviene recordar algo fundamental: una explotación agrícola que desaparece no se recupera de la noche a la mañana. Se pierden conocimientos, inversiones, infraestructuras y, muchas veces, generaciones enteras de experiencia.

No podemos permitir que la agricultura española termine convertida en un recuerdo, mientras nuestros campos se abandonan y nuestros alimentos dependen cada vez más de decisiones tomadas a miles de kilómetros de nuestras fronteras.

El próximo 28 de octubre no debería entenderse únicamente como una jornada de reivindicación de agricultores y ganaderos. Debería ser también una oportunidad para que la sociedad española reflexione sobre el valor de su sector primario y exija políticas que garanticen su futuro.

Porque defender la agricultura no es defender un privilegio. Es defender la producción nacional, el empleo, el territorio, la seguridad alimentaria y la posibilidad de que las próximas generaciones sigan disponiendo de alimentos producidos en nuestro país.

Hoy todavía estamos a tiempo de evitar que muchas explotaciones desaparezcan. Mañana puede ser demasiado tarde.

Y cuando nuestros campos dejen de producir, cuando nuestros pueblos se vacíen y cuando dependamos de otros países para llenar nuestras mesas, quizás descubramos que aquello que considerábamos un sector económico más era, en realidad, uno de los pilares de nuestra supervivencia.

Un país puede recuperarse de muchas crisis. Pero un país que pierde la capacidad de alimentarse a sí mismo pierde una parte esencial de su independencia.

SIN AGRICULTORES NO HAY CAMPO. SIN CAMPO NO HAY ALIMENTOS. Y SIN ALIMENTOS NO HAY FUTURO.

José García Martinez.