En estos momentos es cuando la sociedad debería detenerse y preguntarse hacia dónde se dirige. España vive días de tensión, enfrentamientos y vandalismo que obligan a reflexionar sobre la convivencia, la educación, la responsabilidad política y el peligro de convertir cualquier acontecimiento en un arma electoral. Lo preocupante no es solo lo que sucede en las calles, sino también la facilidad con la que algunos señalan culpables antes de que se conozca toda la verdad.

Manifestarse es un derecho democrático. Reclamar mejoras sociales, denunciar injusticias o expresar desacuerdo con un Gobierno forma parte de las libertades que tanto costó conquistar. Pero ningún motivo justifica las agresiones, los saqueos, la quema de mobiliario urbano o la destrucción de bienes ajenos. La protesta pierde su legitimidad cuando se transforma en violencia.

Especialmente inquietante resulta la posible utilización de jóvenes para provocar altercados. Las convocatorias difundidas mediante redes sociales y grupos privados merecen una investigación rigurosa. Si alguien los manipula, los incita a cometer delitos o los utiliza para provocar enfrentamientos, debe responder por ello. Y si existe financiación organizada, habrá que esclarecer su procedencia. Pero las sospechas no son pruebas: atribuir estos hechos a una organización política o extranjera exige evidencias, no conjeturas.

Los menores no pueden convertirse en instrumentos de intereses que desconocen. Las familias tienen una responsabilidad educativa fundamental y, cuando sus hijos causan daños, la legislación contempla la posible responsabilidad civil de sus padres o tutores. Educar también significa enseñar que la libertad exige respeto y que los actos tienen consecuencias.

La responsabilidad tampoco termina en las calles. Resulta demasiado sencillo atribuir al presidente del Gobierno todos los problemas del país mientras se aprovecha cualquier crisis para desgastar al adversario. Un Gobierno debe responder por su gestión, pero no es automáticamente responsable de cada delito cometido durante su mandato. Del mismo modo, ningún partido debería quedar al margen de las criticas cuando sus propias actuaciones merezcan ser examinadas.

La justicia plantea otra preocupación. El artículo 14 de la Constitución establece igualdad ante la ley, y el artículo 24 reconoce el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas. Sin embargo, determinadas causas judiciales se prolongan durante años, mientras otras avanzan con mayor rapidez. La complejidad de los procedimientos, los recursos y la sobrecarga de los juzgados pueden explicar algunas diferencias, pero no justifican que la ciudadanía permanezca indiferente esperando respuestas.

Tener dinero permite contratar mejores abogados, algo legítimo. Lo inadmisible sería que los recursos económicos, las influencias o la posición política garantizaran un trato privilegiado. La justicia debe investigar sin presiones, respetar la presunción de inocencia y resolver en un plazo razonable, sea quien sea la persona investigada. Ni condenas anticipadas ni impunidad.

En este clima, la polarización favorece a quienes buscan réditos electorales. La derecha y la extrema derecha pueden coincidir en determinadas estrategias y propuestas, como también pueden hacerlo otras fuerzas políticas. Es legítimo examinar sus discursos, acuerdos y actuaciones. Pero afirmar que una formación organiza los disturbios o que existe una trama extranjera destinada a alterar el voto requiere pruebas. Si hay indicios, que se investiguen, si se demuestra una trama, que se depuren responsabilidades.

Porque estas confrontaciones no solo dejan calles destrozadas: también deterioran la confianza en las instituciones y enfrentan a los ciudadanos. Las pensiones dignas, unos servicios sociales eficaces, la sanidad y la educación públicas, la protección frente a la violencia contra las mujeres y la lucha contra el cambio climático merecen un debate serio, no consignas vacías ni enfrentamientos diseñados para dividir.

Ante las elecciones del 29 de noviembre, cada ciudadano deberá decidir libremente, contrastando programas, trayectorias y resultados.

El voto no deberá depender del miedo, la desinformación ni las acusaciones repetidas hasta parecer verdades. Hay que valorar qué propone cada partido, qué ha hecho y cómo sus decisiones pueden afectar a nuestros derechos y a las personas más vulnerables.

España no necesita ciudadanos enfrentados hasta considerarse enemigos. Necesita educación, responsabilidad, justicia y respeto. Quien cometa un delito debe responder; quien manipule, si se demuestra, también. Y quien aspire a gobernar debe entender que el poder no es un fin en sí mismo, sino una responsabilidad al servicio de la sociedad.

Porque cuando el ruido tapa la verdad, la democracia se debilita. Y cuando dejamos de exigir pruebas, respeto y responsabilidades a todos por igual, corremos el riesgo de perder aquello que tanto costó conseguir: la libertad de vivir sin miedo y de pensar por nosotros mismos.

CONCHI BASILIO