Hay pocas cosas más reveladoras de la política económica que ha llevado a cabo Pedro Sánchez que su cruzada contra los llamados "fondos buitre". El Presidente en funciones siempre los ha presentado como enemigos de los ciudadanos y responsables de buena parte de sus dificultades para acceder a una vivienda, como si su último Gobierno hubiera sido ajeno a la situación que denuncia.

Sin embargo, cuando ha pretendido legislar contra ellos ni siquiera pareció capaz de precisar quiénes son. El episodio protagonizado por la que ha sido Ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, al ser preguntada por la definición de estos fondos, ilustra la dificultad de convertir una etiqueta política en una categoría precisa.

Efectivamente, desde hace tiempo se ha ido observando en las actuaciones de Sánchez una tendencia al corporativismo, comparable en algunos mecanismos económicos a los del franquismo.

La coincidencia entre dos regímenes políticamente distintos reside en parte de su retórica de protección de las clases populares y defensa de la igualdad. Pero en ambos casos las intenciones proclamadas desde el poder no garantizan los resultados anunciados.

Cuando la intervención pública protege a los operadores establecidos y dificulta la entrada de nuevos competidores, el discurso igualitarista puede convivir con una estructura económica que refuerza las posiciones de ventaja adquiridas.

Los fondos europeos ofrecen un primer ejemplo, ya que la capacidad para preparar proyectos, adelantar recursos y superar los procedimientos administrativos no está igualmente distribuida.

Las grandes empresas disponen de departamentos especializados y músculo financiero del que carecen muchas pequeñas y medianas empresas y autónomos. Si los mecanismos de acceso no compensan estas diferencias, las ayudas pueden terminar reforzando a quienes ya ocupan posiciones privilegiadas.

Cada nueva obligación supone un coste que una gran compañía puede repartir entre miles de operaciones, mientras que para una empresa más modesta puede representar una parte considerable de sus recursos.

La regulación, incluso cuando persigue objetivos legítimos, puede convertirse así en una barrera de entrada que protege indirectamente a las empresas consolidadas, y a ello se añade la creciente presión fiscal, cuyos efectos son sustancialmente amplificados por la inflación.

El fuerte aumento de los tributos afecta de manera desigual a los diferentes operadores y empresas, porque las que disponen de márgenes reducidos tienen menos capacidad para absorberlo, mientras que las grandes pueden trasladar parte de las subidas a sus precios o reorganizar sus actividades.

El resultado favorece una mayor concentración económica, aunque no sea ese el propósito declarado. También cabe preguntarse si el crecimiento basado en el aumento de la población contribuye a perpetuar un modelo productivo extensivo, en lugar de impulsar reformas que eleven la productividad.

La contratación pública y las concesiones ofrecen otro ejemplo, ya que los pliegos de muchas licitaciones pueden dejar fuera a las pequeñas y medianas empresas.