Hay momentos em los que la responsabilidad, la prudencia y sobre todo, la humanidad debería imponerse a cualquier interés partidista. Una tragedia ferroviaria como la que acaba de sacudir a nuestro país debería provocar respeto, solidaridad con las víctimas y sus familias y una exigencia común de esclarecer lo sucedido.
Sin embargo, una vez más, asistimos a algo demasiado habitual: la precipitación por señalar culpables y convertir el dolor ajeno en un instrumento de confrontación política.
Resulta difícil comprender que, cuando todavía se están investigando las causas de un accidente de semejante gravedad, algunos representantes políticos y determinados sectores se apresuren a señalar exclusivamente al Gobierno que se encuentra actualmente en el poder. ¿Desde cuándo una investigación judicial y técnica puede sustituirse por un juicio político anticipado? ¿En qué momento hemos decidido que las acusaciones tienen más valor que los hechos?
La responsabilidad de gobernar no empieza y termina con una legislatura. Las infraestructuras ferroviarias, sus sistemas de seguridad, las revisiones técnicas y las inversiones necesarias son el resultado de decisiones que se extienden durante décadas. En España han gobernado distintas formaciones políticas, con diferentes mayorías y prioridades. Por eso, si existen instalaciones obsoletas, modernizaciones pendientes o inversiones que no llegaron a ejecutarse, habrá que examinar qué hizo cada Gobierno durante el tiempo que tuvo responsabilidades.
No sería justo atribuir toda la responsabilidad a quienes gobiernan hoy sin analizar qué ocurrió anteriormente. Tampoco sería razonable eximir al Ejecutivo actual de las decisiones que le correspondan. La responsabilidad no se determina por las siglas, sino por los hechos, las competencias y las actuaciones acreditadas.
La línea Madrid-Sevilla, inaugurada en 1992, continúa utilizando un sistema de señalización LZB instalado en aquella época. Su sustitución por el sistema europeo ERTMS fue adjudicada en 2021 y su implantación ha sufrido retrasos. Este dato, por sí solo, obliga a formular preguntas que deben tener respuesta: ¿Por qué no se completó la modernización en el plazo previsto? ¿Qué dificultades técnicas, administrativas o presupuestarias intervinieron? ¿Qué decisiones se tomaron durante los distintos mandatos? Y, sobre todo, ¿qué relación tiene todo con las causas concretas del accidente?
Son preguntas legítimas. Lo que no resulta legítimo es convertir las hipótesis en sentencias.
También deberíamos reflexionar sobre las prioridades presupuestarias de un país. La defensa, las infraestructuras, la sanidad, la educación y los servicios públicos requieren recursos. Si se incrementa considerablemente el gasto en determinadas áreas, es razonable exigir transparencia sobre las prioridades y la ejecución de los presupuestos. Pero tampoco podemos establecer relaciones de causa y efecto sin disponer de datos que las demuestren. La ciudadanía merece explicaciones, no especulaciones.
Y hay algo más preocupante: la utilización del dolor de las víctimas como munición electoral. Ningún partido debería encontrar en una desgracia semejante una oportunidad para desgastar al adversario.
Las víctimas no son argumentos de campaña, los fallecidos no son cifras para alimentar discursos y sus familias no tienen por qué soportar, además de su sufrimiento, el espectáculo de una clase política más preocupada por señalarse mutuamente que por esclarecer lo ocurrido.
Gobernar implica asumir responsabilidades, pero también saber esperar, escuchar a los técnicos y respetar el trabajo de quienes investigan. La oposición tiene el legítimo derecho y la obligación de fiscalizar al Ejecutivo, pero fiscalizar no significa condenar anticipadamente. Y quien gobierna debe ofrecer explicaciones, facilitar toda la información y asumir las consecuencias que se deriven de los hechos demostrados.
No se trata de proteger a unos ni justificar a otros. Se trata de exigir el mismo criterio para todos, independientemente del color político. Quien haya incumplido sus obligaciones deberá responder, haya gobernado ayer o gobierne hoy.
Quizá convendría recuperar algo tan elemental como la cordura. Pensar antes de hablar, investigar antes de acusar y respetar antes de intentar obtener rédito político. Porque una sociedad no puede permitirse que cada tragedia termine convertida en una batalla entre partidos.
La seguridad de los ciudadanos no tiene ideología, las vías no distinguen entre gobiernos y la vida humana no entiende de calendarios electorales.
Nadie debería erigirse en dedo acusador sin conocer la verdad. Y nadie, bajo ninguna circunstancia, debería utilizar una tragedia humana como arma política.
CONCHI BASILIO
