Las promesas no pagan las facturas

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Las promesas no pagan las facturas

Hay algo que debería hacernos reflexionar como sociedad: ¿cómo puede una persona trabajadora, que depende de su salario para vivir, que necesita una sanidad pública, una educación accesible, una vivienda digna y una pensión cuando llegue su jubilación, apoyar políticas que pueden poner en riesgo precisamente esos derechos?

En el lenguaje popular se ha extendido una expresión, "fachapobres", para referirse a trabajadores con economías modestas que votan a opciones políticas de derechas, identificándose con intereses que no necesariamente son los suyos. No se trata de cuestionar su libertad para elegir, que es incuestionable, sino de preguntarse si antes de votar analizan realmente las consecuencias de aquello que respaldan.

Porque tener un buen sueldo no convierte a un trabajador en parte de las grandes fortunas. Seguirá necesitando hospitales, colegios, prestaciones sociales, vivienda asequible y una pensión. Y cuando esos servicios se deterioran o dejan de estar al alcance de todos, quienes tienen dinero pueden buscar alternativas privadas; quienes viven de su trabajo, no siempre.

Sin embargo, algunos parecen olvidar que los derechos sociales no son regalos de ningún Gobierno, sino conquistas que protegen a toda la ciudadanía. Tampoco basta con prometer rebajas fiscales sin explicar qué ingresos dejarán de percibirse y como se mantendrán los servicios públicos.

Un ejemplo especialmente significativo es el anuncio de Alberto Núñez Feijóo de impulsar la construcción de un millón de viviendas. La vivienda se ha convertido en una necesidad urgente para miles de familias y jóvenes que no pueden emanciparse, que destinan buena parte de sus ingresos al alquiler o que han renunciado a comprar porque los precios son inasumibles.

Pero anunciar un millón de viviendas no equivale a resolver el problema. ¿Cuántas serán públicas? ¿Cuántas tendrán alquiler social? ¿Qué precios tendrán y que familias podrán acceder a ellas? ¿Qué inversión requiere semejante proyecto y de dónde saldrán los recursos?

El PP ha planteado medidas como modificar la legislación del suelo, agilizar licencias, recurrir a la colaboración público-privada y negociar financiación con las entidades bancarias. Son propuestas que deben examinarse, pero todavía es imprescindible conocer su desarrollo, sus costes, el calendario de ejecución y las garantías de que esas viviendas serán realmente asequibles.

Y hay una cuestión que no puede esquivarse: cualquier programa de esta dimensión tiene un coste. Si se anuncian grandes inversiones y, al mismo tiempo, se prometen reducciones de impuestos, hay que explicar cómo se compatibilizan ambas cosas.

No se puede ofrecer todo sin presentar unas cuentas que demuestren su vialidad.

Tampoco podemos olvidar que los problemas de vivienda no comenzaron ayer. España lleva décadas arrastrando una insuficiencia de vivienda pública y asequible. Han gobernado diferentes partidos, también el Partido Popular, y ninguno ha conseguido resolver estructuralmente esta necesidad. Por eso, cuando llegan nuevas promesas, la ciudadanía tiene derecho a preguntar por qué no se hicieron antes y qué garantías existen ahora.

Hay una frase popular que resume muy bien el hartazgo ante tantos compromisos electorales: "Puedo prometer y prometo hasta que me meto; después de metido, nada de lo prometido".

La ironía es evidente, pero también lo es la realidad que denuncia. Los ciudadanos están cansados de escuchar anuncios que después se diluyen, de programas que no se cumplen y de dirigentes que parecen olvidar sus compromisos una vez alcanzado el poder.

El trabajador de hoy no es una persona de que deba conformarse con cualquier explicación. Tiene criterio, conoce sus necesidades y sabe perfectamente lo que cuesta llegar a fin de mes. No necesita que nadie le venda ilusiones, sino que le presente propuestas concretas, presupuestos transparentes y resultados comprobables.

Gobernar no consiste en prometer más que el adversario, sino en demostrar que se puede cumplir sin sacrificar los derechos de quienes sostienen el país con su trabajo.

La ciudadanía no pide milagros. Pide responsabilidad, honestidad y soluciones. Y quien aspire a gobernar debe entender que un voto no es un cheque en blanco.

Porque las promesas pueden llenar los mítines, pero no pagan las facturas, no construyen por sí solas viviendas asequibles ni garantizan una sanidad pública de calidad. Y los ciudadanos ya no están dispuestos a confundir propaganda con soluciones. Además hay un apunte importante sobre Feijó, el 16 de noviembre de 2026 negó haber prometido construir el millón de viviendas, pese a que el compromiso figura expresamente en el punto 144 de su programa electoral.

Por tanto, los ciudadanos no vivimos de promesas, vivimos de realidades. Y quien pide nuestra confianza debe demostrar que merece recibirla. La inteligencia de un trabajador no se compra con discursos ni se engaña eternamente con anuncios electorales. Ha llegado el momento de exigir menos promesas y más hechos.

CONCHI BASILIO

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