El consejero de Política Social, Mujer e Inmigración, Joaquín Bascuñana, ha reiterado la intención del gobierno regional, así como de los representantes de las Comunidades Autónomas asistentes a la reunión de Murcia, de defender la aplicación igualitaria de la Ley de Dependencia en todo el territorio español.
Bascuñana mantuvo un encuentro con los representantes de Castilla-León, La Rioja, Navarra, Canarias y Valencia reunidos para trabajar en el establecimiento de criterios comunes que hagan de la Ley de Dependencia una norma solidaria. Este encuentro es la continuación de la reunión mantenida el pasado mes de mayo en León entre los consejeros de las comunidades gobernadas por el Partido Popular.
Por su parte, el secretario general de la Consejería, Fernando Mateo, explicó las propuestas adoptadas por los asistentes y señaló que consideran que, “si bien la Ley establece, en su artículo 33, que los beneficiarios participarán en la financiación de los servicios que reciban, ese copago se debe determinar en función del tipo de servicio que se perciba, del coste del mismo y de la capacidad económica del solicitante. Consideramos que la capacidad económica que se debe tener en cuenta en el copago es la del dependiente y no la de la unidad familiar con el fin de gravar lo menos posible a la familia, si bien deben considerarse las circunstancias familiares especialmente cuando el dependiente tienen familiares a su cargo”.
Así mismo, detalló Mateo, que la Ley establece que hay que tener en cuenta el patrimonio del solicitante, “nosotros queremos que así sea siempre que se haga con criterios de justicia social y no confiscatorios del patrimonio”.
Por otra parte, el secretario general de Política Social subrayó que si bien los beneficiarios deben contribuir al copago deben establecerse unos límites al mismo. A modo de ejemplo, señaló que “en ningún caso un dependiente debe pagar más del 90% del coste de la prestación y consideramos que, por ejemplo, aquellos beneficiarios que ingresan en una residencia, deben tener al menos 100 euros mensuales para sus gastos personales”.
Finalmente, Fernando Mateo aseguró que, “se deben establecer los criterios que determinen el copago de la Ley de Dependencia y estos criterios, que deben ser fijados por el Consejo Territorial, deben estar inspirados en el principio de justicia social, deben ser iguales para toda España y debe cumplirse el artículo 33.4 de la Ley que establece que nadie debe quedar fuera del sistema por no disponer de recursos económicos”.
