La Guardia Civil desmantela una red de falsificación de contratos de trabajo a inmigrantes

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Segovia, 18 jun (EFE).- La Guardia Civil ha desmantelado en Segovia una red de falsificación de contratos de trabajo a extranjeros en una operación que se ha saldado con la detención de 11 personas, que presuntamente han intervenido en la falsificación de más de 400 contratos en los últimos tres años.

Según ha informado hoy la Dirección General de la Policía y la Guardia Civil, la operación policial denominada "Pasarela" ha servido para descubrir un entramado con sede en Segovia y con ramificaciones en Murcia, Navarra, Alicante, Ávila, Salamanca, Zamora, Palencia y Madrid.

Las investigaciones se iniciaron en diciembre de 2007, cuando la Guardia Civil detectó los contratos irregulares que estaban realizando algunos empresarios de la construcción a ciudadanos extranjeros que, una vez en España, no llevaban a cabo la función laboral para la que supuestamente se les había contratado.

Las primeras investigaciones permitieron descubrir que estos trabajadores habían pagado importantes cantidades de dinero en sus países de origen por estos contratos.

Posteriormente se consiguió averiguar que un empresario español, otro ecuatoriano y otro marroquí con residencia en Segovia, estaban obteniendo importantes beneficios facilitando los contratos a personas principalmente de origen marroquí, aunque también se han detectado trabajadores búlgaros, colombianos y ecuatorianos.

Ante la posibilidad de que estos hechos pudieran tener unas ramificaciones y un número de afectados importantes, la Guardia Civil estableció unos dispositivos de investigación que culminaron con la detención de 11 personas.

Los empresarios detenidos en la provincia de Segovia son J.P.C., varón español de 30 años, vecino de Segovia; H.L., varón de 48 años, de nacionalidad marroquí, también residente en Segovia; P.V.U.V., varón de 26 años, de nacionalidad ecuatoriana y asimismo vecino de Segovia.

Los intermediarios detenidos en Segovia, son L.U.V., varón de 28 años, de nacionalidad colombiana; y M.J., varón de 47 años; A.Y. varón de 50 años; y F.E.B., mujer de 41 años, los tres de nacionalidad marroquí.

También han sido detenidas cuatro personas en otras provincias españolas: M.O. varón de 36 años, vecino de Murcia; F.M., mujer de 37 años; vecina de Pamplona; E.H.E.Z., varón de 38 años, vecino de Torrevieja (Alicante); e Y.M., varón de 28 años, y vecino de Elche (Alicante), todos ellos de nacionalidad marroquí.

Asimismo, se localizaron 31 posibles víctimas, entre ellas siete marroquíes, un búlgaro, un ecuatoriano y dos colombianos, que habían pagado diferentes cantidades de dinero por su contrato de trabajo y que, en algunos casos, no habían trabajado ni un solo día en la empresa contratante.

Las investigaciones han determinado que los empresarios detenidos captaban al trabajador en su país de origen a través de intermediarios y le pedían una cantidad de dinero que rondaba entre los 6.000 y los 10.000 euros, para su regularización y posterior contratación con su empresa.

Una vez realizaban el pago, siempre en mano y a un intermediario, le tramitaban la documentación para poder venir a España con un contrato de trabajo.

A su llegada a España para cumplir con su contrato laboral, descubrían que no disponían del trabajo comprometido, teniendo que buscarse otros medios de vida para poder subsistir y poder cumplir con los pagos para saldar las deudas.

Los detenidos obligaban a firmar a los contratados que se personaban en la sede de la empresa un documento que no entendían, por desconocimiento del idioma y falta de asesoramiento, que resultaba ser la baja voluntaria de la empresa, que les permitía justificar la ausencia del trabajador en caso de una inspección. EFE

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