La Consejería de Presidencia, en su afán de elaborar una ley participativa y de consenso, ha remitido el anteproyecto de Ley de Ayudas a las Víctimas del Terrorismo de la Región de Murcia a todas aquellas asociaciones y fundaciones sin ánimo de lucro cuyo objetivo es la representación y defensa de los intereses de las víctimas.

A este respecto, el consejero de Presidencia, Juan Antonio De Heras, destacó que “el objetivo de la Comunidad Autónoma al elaborar esta ley es que aquellas víctimas o familiares de víctimas del terrorismo ligadas de alguna manera con la Región de Murcia se sientan debidamente atendidas por la Administración regional”. En este sentido, la Consejería de Presidencia está recabando información útil y la visión que puedan aportar estas asociaciones para aplicarlas al texto legislativo y que éste recoja las necesidades verdaderas de las víctimas del terrorismo.

Para ultimar la Ley de Víctimas del Terrorismo de la Región de Murcia, cuyo anteproyecto se aprobó en Consejo de Gobierno el pasado 1 de agosto, la Consejería de Presidencia reunirá la información procedente de las asociaciones de víctimas y enviará el conjunto al Consejo Económico y Social, así como al Consejo Jurídico, para su posterior remisión a la Asamblea Regional. 

Al elaborar este anteproyecto de Ley, el Gobierno regional, a través de la Consejería de Presidencia, prevé ayudas y medidas que consisten en indemnizaciones por daños físicos o psíquicos, reparaciones de daños materiales, prestaciones asistenciales, subvenciones, ayudas extraordinarias y la creación del Fondo de Solidaridad. A ello hay que añadir subvenciones crediticias, beneficios fiscales y, por último, la posibilidad de conceder distinciones honoríficas.

Los beneficiarios de estas ayudas serán las víctimas de actos terroristas, indistintamente de su lugar de origen, que hayan sufrido este tipo de violencia en nuestra Región, así como aquellos que tengan la condición de murcianos y hayan padecido esta lacra en cualquier parte del mundo. Asimismo, serán beneficiarios los familiares de las víctimas hasta el segundo grado de consanguinidad, los cónyuges, así como las personas que hayan sufrido daños materiales. Por otra parte, también podrán recibir subvenciones las asociaciones, fundaciones, entidades e instituciones sin ánimo de lucro, cuyo objeto sea la representación y defensa de los intereses de las víctimas del terrorismo.

Una de las novedades del anteproyecto de Ley, es que contempla abordar de una manera multidisciplinar todas las necesidades que puedan tener las víctimas, por lo que se prevén seis clases de prestaciones, es decir, sanitaria, psicológica, psicopedagógica, estudios, laboral y de vivienda.

De esta forma el Ejecutivo regional garantizará que ninguna víctima carezca de los medios sanitarios, de asistencia psicológica, tratamiento especializado para los menores, gratuidad de estudios, prestación laboral, y de alojamiento provisional a las personas que por daños se vean impedidas de utilizar sus viviendas.