El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Transportes, José Ballesta, presentó hoy en la Asamblea Regional la adaptación de la Ley del Instituto de Vivienda y Suelo a la Ley de Organización y Régimen Jurídico de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, que clasifica los organismos públicos en organismos autónomos y entidades públicas empresariales.

El IVS, un organismo autónomo que el Ejecutivo regional creó para fomentar la promoción pública de viviendas y para gestionar las viviendas sociales patrimonio de la Comunidad Autónoma, tiene atribuidas una serie de competencias como son la gestión de viviendas de promoción pública, la rehabilitación del parque inmobiliario de la Región de Murcia, la adjudicación de viviendas de promoción pública, las subvenciones para realojo, y el control de la ocupación de viviendas de promoción pública.

Ballesta explicó que “el nuevo texto desarrollado mantiene al IVS como organismo autónomo frente a la figura de la entidad pública empresarial, lo que permite que el Instituto de Vivienda y Suelo de la Región de Murcia goce de un amplio campo de actuación”, en tanto que los organismos autónomos pueden, a su vez, crear entidades públicas empresariales para la ejecución de sus funciones, con lo que se consigue una estructura flexible que permita adaptarse a las necesidades del sector de la vivienda.

De este modo el IVS, como organismo autónomo, quedaría facultado para la adjudicación de viviendas a los beneficiarios, la conservación del parque público de viviendas de la Comunidad Autónoma, así como para velar para que los proyectos de viviendas de promoción pública y sus equipamientos colectivos se ajusten en su diseño y características a las necesidades de los colectivos y ciudadanos a los que van dirigidos.

Antecedentes

Originariamente, la Comunidad Autónoma creó la Sociedad Promotora del Suelo y la Vivienda de la Región de Murcia bajo la fórmula de una empresa pública que, como sociedad anónima, actuase en ejecución de las competencias propias en materia de vivienda. Sin embargo, el carácter mercantil de la fórmula societaria hizo que, para adecuarla mejor a los fines con que fue constituida, en 1999 se transformara en un organismo autónomo de carácter comercial y financiero, para lograr con éxito la consecución de los programas de vivienda.

El texto presentado hoy cuenta con informe favorable de la Comisión Regional de Vivienda, y de las consejerías de Presidencia, Sanidad, Agricultura y Agua, Turismo, Comercio y Consumo y Educación y Cultura, además de otro informe del Consejo Jurídico.

De esta forma, se garantiza que el nuevo texto procure la mejor estructura legal al IVS para el desarrollo de sus funciones en defensa del derecho de todos los ciudadanos de la Región al acceso a una vivienda.

Mejora en la asignación de viviendas sociales

Por otro lado, el nuevo texto incluye un supuesto de desahucio que garantiza que las personas que ocupan una vivienda de promoción pública cumplan con los requisitos exigidos para ello. Para el consejero “esta modificación tiene por finalidad ofrecer un mejor cumplimiento de la función social de la propiedad”, permitiendo, según él, “corregir situaciones contrarias al espíritu y finalidad de la regulación de las viviendas de promoción pública, de modo que quienes acrediten la necesidad de éstas puedan acceder a ellas”, evitando así que ocupe una vivienda social quien no reúne los requisitos para hacerlo y consiguiendo, al mismo tiempo, agilizar la lista de espera de los demandantes.

Por último, el consejero destacó que “si en el año 2007 se solicitaron en la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Transportes alrededor de 1.000 calificaciones de vivienda protegida, este año se ha incrementado el número de solicitudes de calificación en más del doble, superándose las 2.500”.