Murcia, 1 nov (EFE).- El abogado del juez Fernando Ferrín Calamita ha pedido la nulidad de todas las actuaciones del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia desde que admitió a trámite la querella presentada contra éste por presunto retraso malicioso en el expediente de adopción de una menor por parte de una mujer lesbiana.
El instructor de la causa ha dado tres días de plazo al fiscal y al abogado que presentó entonces la querella para que se pronuncien sobre lo que pide Ferrín Calamita en un escrito con numerosos reproches a la actuación de los miembros de la sala, del fiscal superior de la comunidad autónoma de Murcia y del propio instructor.
El escrito de la defensa del juez, para quien el fiscal ha pedido una condena de 18 años de inhabilitación por un delito de prevaricación, insiste en que el presidente del TSJ, Juan Martínez Moya, debió abstenerse desde el primer momento en esta causa, sin esperar a que se le recusara.
Para Javier María Pérez-Roldán, letrado defensor, Martínez Moya "ha incumplido de forma flagrante el deber de abstenerse, ya que participó en la deliberación y votación de la inmotivada admisión a trámite de la querella y en la resolución de los diferentes recursos contra las inauditas resoluciones del instructor".
En opinión del abogado de Ferrín Calamita, éste "tiene derecho a un juicio justo, por jueces imparciales", y el presidente de la sala, Martínez Moya, no fue imparcial "desde el principio, por lo que arrastra la nulidad de todo lo actuado y el deber de abstención de los magistrados que hoy componen la sala por haber conocido de unas actuaciones que deben ser declaradas nulas".
El escrito contiene otras críticas a la actuación del presidente del Alto Tribunal, y en cuanto al fiscal superior, Manuel López Bernal, llega a decir que actuó "en connivencia" con la sala, lo que, según su criterio, constituye una causa más para declarar la nulidad de las actuaciones.
Para el caso de que el tribunal no invalide lo realizado hasta ahora, se solicita que se cite a declarar una serie de personas, entre ellas, dos vecinos del instructor de esta causa, Manuel Abadía; Juan Córdoba, anterior letrado de Ferrín Calamita, y el fiscal adscrito al juzgado de familia del que éste último era titular.
Se trata del fiscal Fernando Florit, del que quiere saber "por qué razón no vio injustas las resoluciones dictadas" por Ferrín Calamita "o, si las estimó injustas, por qué no las recurrió", concluye el escrito del abogado Javier María Pérez-Roldán. EFE
