Murcia, 17 dic (EFE).- El empresario Trinitario Casanova, que fue juzgado hoy en Murcia acusado de dos delitos contra la Hacienda Pública por la presunta defraudación de 1,2 millones correspondientes al IVA y al Impuesto de Sociedades, se declaró inocente, aunque ha consignado esta suma en el Juzgado.

Precisamente la entrega de este dinero permitió al fiscal y al abogado del Estado aplicar la atenuante de reparación del daño causado y rebajar sus solicitudes iniciales de condena de seis años de prisión, a cinco años, manteniendo la multa de 7,2 millones.

Durante el interrogatorio al que fue sometido en el juicio celebrado en el Juzgado de lo Penal número 5 de Murcia, este promotor inmobiliario señaló que el casi centenar de facturas que las acusaciones consideran falsas responden a trabajos de desmonte realmente realizados en una urbanización de Altea (Alicante).

Casanova, ex presidente del Grupo Inversor Hispania, añadió que las facturas corresponden a los trabajos preparatorios de la urbanización y que el presupuesto inicial que se había previsto para estas operaciones "se incrementó mucho por los imprevistos y porque estábamos en una zona muy abrupta, con grandes desniveles".

Asimismo, manifestó que habían tenido que realizarse también trabajos de reposición de farolas, alcantarillado y arreglo de aceras con las que ya contaba el plan parcial en el que se ubicaban las parcelas.

El acusado aseguró que todo ello supuso un gasto de 3,7 millones de euros, pero no supo responder a las preguntas del fiscal sobre el destino dado a los materiales procedentes de los desmontes y sobre el motivo por el que participaron tantas empresas en estas actividades.

A la pregunta del fiscal de por qué se hicieron estos trabajos, de tanto coste económico, sin licencia municipal, contestó que "pensamos que no era preciso".

La acusación estatal le preguntó igualmente por qué los pagarés extendidos como medio de pago se cobraron todos por ventanilla y por qué el contenido de la facturas respecto a la obra realizada era siempre muy conciso, sin ningún detalle, a lo que contestó que él no veía físicamente las facturas, ya que de eso se pcupaban otros empleados "de mi total confianza".

En la vista oral prestó declaración como testigo Johannes Adrianus Bunnuk, representante de la empresa que vendió a Casanova estos terrenos a finales de los años 90, quien aseguró que tras esta operación el comprador realizó trabajos urbanísticos y de movimiento de tierras.

La vista oral contó con la intervención como perito de la inspectora de Hacienda Paloma Sánchez-Vizcaíno, que investigó el presunto fraude al erario público.

La perito fue concluyente al asegurar que "las facturas eran falsas y no respondían a trabajos realmente ejecutados".

Se basó para hacer estas afirmaciones en que en 2005 visitó la finca junto con un compañero, "y pudimos comprobar que allí no se había producido desmonte alguno y que aquello era sierra pura, en su estado natural".

Asimismo, manifestó a la sala que sus sospechas iniciales se vieron corroboradas también porque una de las empresas que supuestamente habían participado en las obras y que extendió facturas reconoció que eran falsas, mientras que otras carecían de trabajadores ni habían realizado subocontratación alguna.

En otro momento de sus manifestaciones, la inspectora dijo que la empresa de Casanova "nunca nos aportó ni licencia de obras, ni contrato alguno para los trabajos de desmonte, además de que en el Ayuntamiento de Altea no había nada sobre las mismas".

Al hacer uso a su derecho a la última palabra, Trinitario Casanova declaró que en el último año ha ingresado por el pago de tributos alrededor de 32 millones de euros y que nunca se habría expuesto a verse incurso en este proceso penal por una cuantía mucho menor. EFE