Nota remitida por PSOE:

La diputada regional socialista, Lola Hernández, ha reclamado al Gobierno regional la modificación del Proyecto de Decreto por el que se aprueba el reglamento de la Renta Básica de Inserción de la Comunidad Autónoma.

La Ley de Renta Básica de Inserción de la CARM, fue aprobada el 16 de marzo de 2007 y pretendía impulsar mecanismos de solidaridad para facilitar la inclusión social, no sólo desde un punto de vista económico a través de la prestación, sino también con medidas de apoyo social que eviten la exclusión y favorezcan la reinserción.

El desarrollo reglamentario de la Ley es un requisito para la plena efectividad de dicha norma. “El Gobierno del PP no sólo ha retrasado la elaboración de un proyecto de reglamento, impidiendo la plena efectividad de los derechos reconocidos en la Ley, sino que elabora un proyecto que según se desprende del dictamen emitido por el Consejo Económico y Social de la Región de Murcia, debería reelaborarse porque no tiene en cuenta diferentes aspectos de gran transcendencia para la aplicación de la Ley".

Participación

Lola Hernández citó entre otras lagunas, la ausencia de participación de las administraciones locales en la elaboración del Reglamento, a pesar de que los Centros de Servicios Sociales tienen un papel trascendental en la aplicación de la Ley. “No es coherente que see elabore a espaldas de los ayuntamientos que después tendrán que gestionarlo”, criticó.

Tampoco establece una cuantía mínima a percibir por los titulares de la Renta Básica de Inserción. Y además no concreta la periodicidad con la que deben elaborarse los planes regionales de Inclusión social, ni tan siquiera el plazo para que la Administración apruebe el Primer Plan Regional de Inclusión Social conforme a la Ley.

La diputada socialista recordó que la Ley de Renta Básica nace para dar cumplimiento a los acuerdos incluidos en el Pacto de Estabilidad en el Empleo de la Región de Murcia de diciembre de 2002 y el segundo Pacto por la Estabilidad en el Empleo de la Región de Murcia de 2006.

“La atención que la Consejería de Política Social presta a los colectivos que integran las bolsas de exclusión y las causas que lo originan es absolutamente deficiente porque incumple continuamente las propias normas que elabora y finalmente siempre pagan los mismos”; es decir, los que no están incorporados al desarrollo social por causas de diversa índole como son la falta de adaptación a las exigencias del mercado de trabajo, la insuficiente formación, los problemas de salud, los problemas familiares y personales de diferente tipología, formas de discriminación social, etc.

Hernández concluyó que “es responsabilidad del consejero Bascuñana la elaboración de un reglamento que desarrolle la Ley aprobada en 2007, porque estamos en 2009 y los ciudadanos no pueden tener acceso a los derechos reconocidos en la misma”.