Comunicado emitido por el Partido Popular:
Madrid, 2 de febrero de 2009
Los miembros del Comité Autonómico del Partido Popular, reunidos en San Millán de la Cogolla el pasado 29 de julio, aprobamos un documento de bases para el sistema de financiación autonómica, que avanzaba en la ponencia económica del Congreso Nacional de Valencia en sus puntos 116 a 119.
Los Presidentes Autonómicos del Partido Popular consideramos que las diez bases de la declaración de San Millán deben conformar los elementos esenciales de la negociación del nuevo sistema de financiación autonómica, siendo irrenunciables:
- El Sistema de Financiación debe ser plenamente respetuoso con la Constitución y con los principios esenciales que se desprenden de ella.
- El Consejo de Política Fiscal y Financiera debe ser el foro donde se consensúe y se concrete la propuesta de reforma. El modelo de financiación y el proceso de su negociación han de ser transparentes y no arbitrarios.
- El sistema debe cumplir el principio de generalidad, contemplando la financiación de todos los servicios traspasados a las Comunidades Autónomas, incluida la Atención a la Dependencia.
- El sistema de financiación que se apruebe debe tener una vigencia indefinida.
- Debe garantizar la suficiencia financiera de las Comunidades Autónomas y contemplar los importantes crecimientos poblaciones que se han producido en los últimos años en España.
La variable fundamental para determinar las necesidades de gasto de las Comunidades Autónomas será la población, ajustada o equivalente, mediante una adecuada ponderación, por los diversos elementos que influyen en el gasto autonómico (superficie, dispersión, insularidad, grupos de edades, etc.). En esta misma dirección, uno de los principales objetivos del nuevo Sistema debe ser atender a los incrementos poblacionales que han existido en España durante los últimos años.
- Las Comunidades Autónomas deben recibir los recursos necesarios para la financiación de sus servicios a través de impuestos recaudados o parcialmente cedidos en su región, como recurso principal, y como elemento esencial de su corresponsabilidad fiscal. En ningún caso la mejora de la financiación para las Comunidades Autónomas puede contener una subida de impuestos.
Se ha de tener en cuenta en este aspecto la especial situación de la Comunidad Autónoma de Canarias, con un régimen especial en tributación indirecta.
- La solidaridad debe ser irrenunciable, siendo así que cualquier modelo que se apruebe debe asegurar los recursos suficientes a las regiones para prestar los servicios transferidos, con independencia de su capacidad fiscal.
- Deben incrementarse las competencias normativas y gestoras de las regiones sobre los tributos cedidos y compartidos pero respetando la eficacia y la armonía de la que actualmente goza nuestro sistema fiscal.
- En materia de gestión tributaria, el sistema debe avanzar en el impulso de fórmulas de colaboración y coordinación entre los servicios tributarios de las Comunidades Autónomas y la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
- Dada la especial naturaleza de las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla -su situación de extra-peninsularidad, de ser frontera terrestre de la U.E., la escasez de recursos en territorio propio, la reducida superficie y la elevada densidad de población- el modelo de financiación deberá contemplar el incremento de costes de prestación que ello supone, con un tratamiento específico y adecuado.
En un contexto de crecimiento demográfico sin precedentes, como el ocurrido en España desde el año 2002, el Gobierno no ha desarrollado la previsión legal de actualización de las necesidades de gasto de las Comunidades Autónomas, generando a éstas últimas problemas de insuficiencia financiera, especialmente en el ámbito sanitario; a ello se añade el incremento de los gastos sanitarios a una tasa muy superior a la del crecimiento de los recursos del sistema, debido a circunstancias ajenas a la capacidad de decisión de las Comunidades Autónomas, o a la imposición de gastos por el Estado a dichas Comunidades sin la necesaria financiación, unos problemas que, con la actual crisis económica ya trasladada a los ingresos regionales, pasa a ser un problema de primer orden.
Estas circunstancias ha convertido en inaplazable la revisión del actual sistema.
Es el conjunto de las necesidades de gasto de todas las CC.AA el que debe ser financiado a resultas del sistema que se establezca. Son las personas, y no los territorios, las que deben tener garantizada la financiación de los servicios que reciben.
A su vez, la puesta en marcha de la Ley de la Dependencia se ha visto condicionada por la falta de compromiso en su financiación por el Gobierno. Es necesario que se incorpore al sistema la financiación correspondiente a los costes reales de la aplicación de la Ley de la Dependencia
El pasado 30 de diciembre, el Gobierno emitió un documento que denomina “Propuesta base para un acuerdo”. El documento no es una propuesta de reforma del sistema sino un documento de trabajo muy inconcreto. No aclara las variables que se van a utilizar para el reparto de los fondos, ni su definición o ponderación, y tampoco define cómo operan los fondos que proponen crear. Son cuestiones que el Gobierno deja abiertas a la negociación, lo que imposibilita un análisis cuantitativo de la propuesta.
El documento vuelve a ser una declaración de intenciones, sólo algo más definido que el elaborado por el Gobierno en julio y que fue rechazado por todas las Comunidades Autónomas.
Paralelamente a la publicación por el Ministerio de Economía y Hacienda de este documento de bases, el Presidente del Gobierno ha mantenido diversas reuniones con los Presidentes de las Comunidades Autónomas y de las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla. Ello ha provocado nuevos anuncios sobre las intenciones del Gobierno que no vienen recogidas en el documento del Gobierno de “base para un acuerdo”.
Por el momento, el Gobierno se muestra incapaz de realizar una propuesta completa y concreta para la reforma del sistema de financiación autonómica. Una propuesta sobre la que sea posible trabajar, cuantificar sus resultados y negociar. Y, sobre todo, el Gobierno nunca ha definido los objetivos políticos que pretende con esta negociación, qué beneficios generarán a los españoles y de qué manera el nuevo modelo de financiación autonómica puede ayudar a salir de la crisis económica. El único objetivo evidente es el tacticismo a corto plazo del Gobierno para mantener sus apoyos políticos.
Por todo lo expuesto, el Partido Popular y los Presidentes Autonómicos del Partido Popular exigen al Gobierno de la nación los siguientes puntos como elementos comunes de su posición negociadora:
- Tanto el modelo de financiación como su negociación han de ser transparentes y no arbitrarios
La propuesta del Gobierno va variando cada semana que pasa. Incluso lo presentado por escrito tiene una duración limitada. Ésta es sin duda la peor forma de negociar.
Hasta ahora el Gobierno ha mostrado en sus formas escasa voluntad de acuerdo.
Además, el Gobierno no está realizando los mismos planteamientos a cada Comunidad Autónoma, ni en las negociaciones que está llevando a cabo con el Partido Popular.
Es imprescindible empezar a trabajar con una propuesta inicial, completa y concreta con la que se puedan cuantificar sus efectos. Esta propuesta debe ser conocida por todos al mismo tiempo y negociada de forma multilateral.
El foro para hacerlo es el Consejo de Política Fiscal y Financiera, tal y como fue reiterado en la declaración del Comite Autonómico del Partido Popular en la declaración de San Millán de la Cogolla.
Y, por supuesto, el nuevo modelo debe aprobarse por unanimidad.
La actual propuesta de tres, cuatro o cinco fondos es muy confusa, opaca y puede dar lugar a todo tipo de arbitrariedades. El modelo de financiación autonómica debe servir para garantizar la financiación de los servicios básicos del sistema de bienestar, y no para garantizar apoyos políticos al Gobierno.
- El Partido Popular considera inaceptable que el nuevo modelo castigue la rebaja de impuestos y premie su subida.
Tal y como está definido el Fondo de Competitividad, las Comunidades Autónomas que suban los impuestos recibirán una parte mayor del fondo, mientras que las que los bajen reducirán su participación.
Una medida de esta naturaleza, que incentiva el aumento de impuestos a los ciudadanos, ha de ser retirada de la propuesta si se quiere contar con el apoyo del Partido Popular.
El aumento de impuestos agrava la crisis, empeora la situación económica de los hogares, desincentiva la inversión, la creación de empresas y de puestos de trabajo, empeora la situación competitiva de la economía española y deteriora la situación financiera de las empresas, especialmente las PYME y los autónomos.
Asimismo, el Partido Popular considera que tampoco existe margen para una subida de impuestos en el ámbito estatal. Por las mismas razones, prolongaría más la crisis económica y no resolvería ninguno de los problemas económicos de nuestro país.
Además, el Sistema otorga a las CC.AA. más capacidad normativa, pero sólo para subir impuestos.
Todo lo anterior conforma la posición común de los Presidentes Autonómicos del Partido Popular en la actual negociación del modelo de financiación autonómica, junto con las bases aprobadas en la declaración de San Millán, especialmente en lo referido al respeto a la Constitución, la aplicación del principio de generalidad que incluya la dependencia, la suficiencia, la solidaridad y el tratamiento específico para las Ciudades Autónomas.
Los Presidentes Autonómicos del Partido Popular ejercerán sus responsabilidades en un marco de reducción de ingresos públicos como el actual, siendo al mismo tiempo conocedores de las necesidades de recursos de sus Comunidades Autónomas.
Los Presidentes Autonómicos del Partido Popular velarán por el interés general de los españoles haciéndolo compatible con los particulares de sus Comunidades y Ciudades Autónomas, cuyos ciudadanos deben recibir los mejores servicios públicos.
