Madrid, 20 feb (EFE).- La embajadora de Bolivia en España, Carmen Almendras, reveló hoy el incremento de las denuncias y quejas registradas en los consulados españoles por las condiciones en que se llevan a cabo los controles policiales y las detenciones de ciudadanos bolivianos, algunas, incluso, "allanando domicilios".

En una rueda de prensa en Madrid, Almendras aseguró que este aumento de las denuncias coincide con la reciente difusión de un documento en el que se recogen los apuntes tomados por uno de los asistentes a una reunión policial que tuvo lugar en la Jefatura Superior de Policía el pasado mes de noviembre y en la que supuestamente se fija un cupo mínimo de arrestos de inmigrantes sin papeles.

En ese documento se cita a Marruecos como "prioritario" y a Bolivia afirmando: "Bolivia no se expulsan en la actualidad. Capacidad de plazas en vuelo limitadas".

Hoy la embajadora boliviana denunció que en algunos casos esos controles y detenciones se llevan a cabo en las cercanías de las oficinas consulares, como es el caso de Madrid y Murcia, en tanto que en ciudades como Valencia "incluso se allanan domicilios".

Carmen Almendras señaló que siempre han recibido el compromiso por parte del Gobierno español de que se ejercitará el "control respectivo en cumplimiento de la norma, con garantías constitucionales y respetando los derechos humanos".

Sin embargo, continuó, ese compromiso "no siempre guarda armonía con la actitud" de la Policía.

Explicó que el colectivo boliviano en España -alrededor de 250.000 ciudadanos- es muy "vulnerable" con estas medidas, ya que el 70 por ciento de ellos está en situación irregular.

Además, incidió en que el colectivo boliviano es "pacífico" y señaló que el porcentaje de detenidos por delitos comunes es "bajísimo", el 2 por ciento del total.

La embajadora destacó que "de ninguna manera" aceptarán "cualquier vinculación entre la delincuencia y la infracción administrativa a la Ley de Extranjería".

Así, explicó que la embajada "ha multiplicado" sus esfuerzos y "está agotando las gestiones diplomáticas" para que el Gobierno español conozca el rechazo de Bolivia a este tipo de conductas y actitudes de la Policía y para que cumpla su compromiso.

"Estamos desplegando a todo el personal que tenemos para redoblar esfuerzos en defensa de los derechos humanos de los bolivianos", dijo Almendras.

La embajadora expresó su confianza en que el Gobierno español cumpla su compromiso y en que se "reconduzca este proceso" con el fin de "encauzar" las relaciones entre España y Bolivia que, aseguró, siempre han sido "excelentes".

Informó de que, además de estar gestionando reuniones con el Gobierno español, también han presentado algunas de las denuncias al Defensor del Pueblo.

Aunque no ofreció datos actuales, señaló que hasta enero se mantenían las cifras con unos 1.200 trámites de inicio de expulsión de ciudadanos bolivianos al mes, de los que se hacen efectivos aproximadamente 800 al año.

No obstante, Almendras apuntó que es previsible que en el mes de febrero se registre un "incremento notable". EFE