Camps y Valcárcel reclaman "unidos" el Tajo-Segura ante la "amenaza" de su final

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Alicante, 23 feb (EFE).- Los presidentes de la Comunitat Valenciana, Francisco Camps, y la Región de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, han reclamado hoy "unidos" el mantenimiento del trasvase Tajo-Segura ante la "amenaza nueva" que recoge el Estatuto de Castilla La Mancha, que plantea su final en el horizonte de 2015.

En Alicante, los dos presidentes han presentado un estudio científico de la Universidad alicantina que, con el título "Políticas del Agua (1785-2005)", concluye, entre otros aspectos, que el Tajo-Segura es una "cuestión de Estado" ya que abastece a 2,5 millones de personas, crea 890.000 empleos y permite cosechas por valor de 2.300 millones de euros.

Camps ha afirmado que las sociedades valenciana y murciana no han entendido "nunca la arbitraria decisión" de derogar en 2004 el Plan Hidrológico Nacional (PHN), surgido fruto del pacto, y "menos todavía que alguien pretenda ahora cortar lo que está en marcha y nos da vida y nos da futuro", en referencia al agua del Tajo.

El presidente valenciano ha sostenido que en los últimos cinco años no ha habido "ni una sola fisura" en la defensa de esta solidaridad hídrica por parte de las dos autonomías, y ha vaticinado que el trasvase del Ebro "se hará" y que el Tajo-Segura "permanecerá", gracias a esta postura.

Además, ha reiterado que el PHN es una "gran ambición nacional" que refleja una forma de entender España de forma solidaria "sin fronteras ni murallas", y ha subrayado que "esta tierra tiene sed de agua".

Pese a esta escasez de recurso, Camps ha destacado que "con pocas gotas" la Comunitat y Murcia son una "fábrica de prosperidad" que representan "buena parte del futuro" del país.

Por su parte, Valcárcel ha criticado la "amenaza nueva" que plantea la abolición para 2015 o elevar la reserva estratégica de los pantanos de Entrepeñas y Buendía a 600 hectómetros cúbicos, y ha recalcado la "negativa rotunda" por ser, el Tajo-Segura, "un instrumento de extraordinaria importancia" para el sureste español.

Ha lamentado que "lo que pudo ser no es, el Ebro, y lo que es pueda dejar de serlo, el Tajo", y ha resaltado que "merece la pena seguir peleando y reivindicando" para contar con agua.

Para Valcárcel, los autores del estudio universitario dan más argumentos frente a la "sinrazón" para, "desde la razón, el rigor y la verdad", lograr mantener "algo que ya existe y da buen resultado".

El libro, realizado por los catedráticos Antonio Gil Olcina y Antonio Rico Amorós, defiende la viabilidad del trasvase del Ebro, cambiar la toma del Júcar-Vinalopó para posibilitar el consumo humano y el riego de hortalizas en fresco, y la necesidad del Tajo-Segura, además de hacer un repaso de la historia hídrica española de los últimos tres siglos.

El trabajo pone de manifiesto que la palabra trasvase parece "maldita" en los últimos años a pesar del Gobierno central ha aplicado "distintas varas de medir" ya que en Andalucía sí se ha aprobado el Negratín-Almazora y la pasada primavera se proyectó otro del Ebro a Barcelona, que finalmente no hizo falta.

Gil Olcina ha calificado de "disparatada" y "dislate" la intención de poner fin al Tajo-Segura ya que esta transferencia es "menguada pero vital", y ha urgido a recuperar el espíritu constructivo que permitió la aprobación, por amplia mayoría, del PHN derogado en 2004.

El catedrático ha planteado numerosos antecedentes históricos que avalan las transferencias de agua de cuencas excedentarias a deficitarias desde el siglo XVIII, y ha sostenido que el derogado trasvase del Ebro, de 1.050 hectómetros cúbicos, era moderado ya que desde antiguo se había ideado en envío de hasta el triple de agua.

Rico Amorós ha recordado que el anterior PHN contaba con un excepcional consenso, como muestra que lo apoyara el 82 por ciento del Consejo Nacional del Agua, y ha contrastado aquel "espíritu pactista" frente a la "visceral" derogación hace cinco años.

Ha añadido que, en 2008, la Comunitat y la Región deberían haber recibido unos 700 hectómetros cúbicos del Ebro y que, en cambio, las desalinizadoras del Programa AGUA sólo han facilitado 80 procedente de cinco plantas, y a un precio "inasumible" para los agricultores.

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