El coordinador regional de IU, José Antonio Pujante, propuso hoy la creación de un parque público de viviendas en alquiler que incluya 10.000 de las 100.000 viviendas vacías registradas en Murcia, lo que supondría un desembolso de 1000 millones de euros por parte de la Comunidad Autónoma.
En conferencia de prensa, Pujante indicó que la adquisición de las viviendas por parte de la Administración regional para su posterior disposición en régimen de alquiler, tendría un plazo de cuatro años, y las unidades serían arrendadas por un valor situado por debajo del mercado.
Añadió que, con esta medida, la Comunidad Autónoma aportaría 250 millones de euros anuales, tomando como referencia un valor medio de cada una de las viviendas de 100.000 euros, un gasto que, a juicio de Pujante, se amortizaría a largo plazo con el ingreso por el alquiler.
En este sentido, explicó que la promoción del alquiler sería gestionada por el Instituto de Vivienda y Suelo (IVS) de la Región de Murcia, o por cualquier organismo creado a tal efecto, y sería compatible a otros modelos como el de vivienda en alquiler con derecho a compra o derecho en superficie.
"El problema de la vivienda es crónico. Existe una necesidad vital que debe satisfacerse, porque el derecho al acceso a la vivienda está reconocido en la Constitución Española", subrayó el dirigente de la federación de izquierdas.
Recordó asimismo que el número de viviendas existentes en la Región según el último dato del Instituto Nacional de Estadística (INE), referente a 2001, es de 592.000 unidades, de las cuales 111.431 son secundarias, y 95.589 están vacías, por lo que “ tras el boom inmobiliario esa cifra será mayor”.
Subrayó al respecto que el número de viviendas terminadas en 2007, según la Dirección General de Arquitectura y Política de Vivienda del ministerio del ramo, fue de 34.248, de las que 989 son protegidas, frente al resto, 33259, que son libres.
Abogó asimismo por la reducción progresiva de ayudas fiscales “en la medida en que se pone en el mercado la vivienda pública”, y se posicionó a favor de la puesta en marcha de una política de acceso a la vivienda gestionada de forma directa por la Comunidad Autónoma.
