El diputado nacional socialista Javier Mármol se refirió en rueda de prensa al Real Decreto-Ley 2/2009, “de medidas urgentes para el mantenimiento y el fomento del empleo y la protección de las personas desempleadas” que el Consejo de Ministros aprobó el pasado mes marzo y que al final se tramitará como una ley.

Mármol explicó que “el deterioro del mercado de trabajo por la intensa destrucción de empleo, y el creciente riesgo de desprotección de muchos trabajadores y personas desempleadas, han impulsado al Gobierno de España a adoptar dos decisiones adicionales: en primer lugar, garantizar el cobro de las prestaciones por desempleo asumiendo el compromiso de incrementar las dotaciones presupuestarias; y, en segundo lugar, aprobar el Real Decreto-Ley 2/2009 que sigue su trámite como Ley, que contiene un conjunto de medidas laborales y sociales dirigidas a reforzar la protección de los desempleados y a favorecer el mantenimiento y la creación de puestos de trabajo”.

El diputado murciano destacó que esta iniciativa se enmarca en el proceso de diálogo social. “Las medidas han sido debatidas y negociadas con los interlocutores sociales y, de hecho, se han incorporado aportaciones y sugerencias de los agentes sociales”.

Este Real Decreto, Ley al final de su trámite parlamentario, se compone de tres bloques de medidas:

Un primer bloque para el mantenimiento del empleo, con el que se pretende evitar la destrucción de puestos de trabajo, y con ello el mantenimiento del empleo, a través de previsiones concretas que modifican de forma equilibrada la normativa sobre expedientes de regulación de empleo.

Mármol destacó que en este primer bloque “se incentiva a los empresarios en dificultades que tengan que recurrir a regulaciones temporales de empleo antes que a la extinción de contratos”. Es decir, que en lugar de despedir a trabajadores, los empresarios opten por la suspensión temporal de sus contratos, garantizando su continuidad. Para ello, se establece una bonificación del 50 por ciento de la cuota empresarial por contingencias comunes correspondientes a cada uno de los trabajadores afectados por ERE temporal.

El diputado avanzó que, “como contrapartida y en aras de un necesario equilibrio, se prevén tres limitaciones: primero, que la duración máxima de esta bonificación es de 240 días; segundo, que sólo se aplicará a las solicitudes de regulación de empleo presentadas entre el 1 de octubre de 2008 y el 31 de diciembre de 2009; y, tercero, que el empresario se compromete al mantenimiento del empleo durante al menos un año desde el fin del ERE”.

El segundo bloque recoge medidas que tienen como objetivo reforzar la protección social de los desempleados. En este bloque, a juicio de Javier Mármol, “destaca la mejora de la protección de los desempleados, que se centra en un colectivo concreto, el de los beneficiarios del subsidio por desempleo”.

Así, se suprime el plazo de un mes de espera que hasta ahora se aplicaba en la mayoría de los supuestos de acceso al citado subsidio. Ello permite su disfrute desde el primer nacimiento del derecho, eliminando de este modo un periodo de desprotección. En coherencia con el carácter coyuntural de la norma, de nuevo aquí la aplicación de la medida es temporal, pues da cobertura a situaciones protegidas que se produzcan desde la entrada en vigor del decreto-ley hasta el final del año 2009.

El tercero y último de los bloques incorpora medidas de fomento del empleo que, como tales, tratan de incentivar la contratación con atención específica al colectivo de desempleados, a los contratos indefinidos y a la modalidad a tiempo parcial.

Con el fin de incentivar la contratación de personas desempleadas, se establece que las empresas que contraten indefinidamente antes de final de este año a personas beneficiarias de prestaciones por desempleo, podrán bonificarse el cien por cien de la cuota empresarial a la Seguridad Social. Como contrapartida a esta reducción de los costes laborales, se exige al empresario que el contrato sea indefinido y que asuma el compromiso de mantener al trabajador contratado al menos durante un año.

También y aunque fuera de este paquete de medidas que se adoptarán entre otras, Javier Mármol mencionó “los casi 3.000 millones de euros que han recibido las comunidades autónomas para el fomento del empleo, donde Murcia percibe casi 72 millones de euros”. “Todo esto”, apuntó, “frente a la pasividad del gobierno regional del PP que sigue las directrices del partido a nivel nacional bajo el lema de que a ellos les irá mejor si a los españoles les va cada vez peor”.

En concreto Murcia recibe de estos casi 72 millones distribuidos en:

Planes y estímulo del empleo : 40.347.372 €

Formación: 29.691.113 €

Modernización servicios públicos de empleo: 1.636.048 €

Ayudas previas jubilación : 200.736 €