Nota remitida por PSOE:

La responsable de Política Social del Grupo Parlamentario Socialista, Lola Hernández, destacó la importancia del compromiso del Gobierno de España “con la ciudadanía en estos momentos de dificultades económicas, en especial la gran apuesta del Gobierno socialista por agilizar la llegada de las ayudas a las personas dependientes y sus familias”.

El Consejo Territorial de la Dependencia, órgano que preside la ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, y compuesto por todos los consejeros y consejeras de las distintas comunidades autónomas, ha introducido un nuevo criterio de reparto de los fondos como es el número de evaluaciones realizadas.

Hernández señaló que este nuevo criterio es muy importante para los ciudadanos y ciudadanas de la Región de Murcia porque obligará a la Administración regional a gestionar el Sistema con mayor celeridad y atención. “Es decir, que para obtener más financiación, la Consejería de Política Social tendrá que garantizar que ha evaluado a las personas que así lo han solicitado”, precisó.

Prestaciones efectivas

La parlamentaria socialista espera que paulatinamente se vaya aumentando el porcentaje de reparto por este criterio y que se incluyan las prestaciones efectivas que están recibiendo los ciudadanos. Para Hernández “será la única garantía, viendo la gestión ineficaz de la Consejería, de que los murcianos y murcianas reciban las prestaciones y servicios reconocidos como derecho, que vienen del Gobierno de España”.

Recordó que en la Región de Murcia, la mayoría de las personas que tienen valoración de grado y nivel no están recibiendo ni prestaciones ni servicios; con más de un año de retraso en la gestión de los mismos.

“Si en la Región de Murcia se hubiera trabajado con más diligencia desde que se aprobó la Ley, en vez de luchar de forma partidista contra una norma que es buena para todos, los ciudadanos y ciudadanas de esta Región estarían recibiendo las prestaciones y servicios a los que tienen derecho por Ley”, denunció.

Según los datos oficiales del IMSERSO, facilitados por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, de un total de 23.224 valoraciones realizadas con dictamen emitido, sólo 4 personas reciben teleasistencia; 129 personas reciben atención residencial, 181 personas reciben prestaciones económicas vinculadas al servicio, 5.329 personas reciben prestaciones económicas para cuidados familiares, el resto 17.581 personas, es decir, el 75 % no tienen ningún tipo de prestación.

Hernández agregó que frente a la claridad del Gobierno de España en cuanto a los recursos que se destinan a la Dependencia, que en este año se han incrementado en un 79% más que el pasado año, en la Región de Murcia, “aún no sabemos cuanto se destina a la dependencia. Tampoco hay un reparto claro y eficaz destinado a las Corporaciones Locales para la puesta en marcha del sistema”. Y ello, a pesar de que son los Ayuntamiento los que tratan directamente con la ciudadanía, en cuanto a su solicitud, el informe social y las reclamaciones que se alargan durante meses y meses.

Falta de eficacia

La falta de eficacia en la gestión de la Dependencia en Murcia también está suponiendo que no se posibilite la creación de empleo en este ámbito.

La diputada señaló la importancia de la claridad en la gestión que debería tener el Gobierno regional que sigue sin ofrecer los datos reales de prestaciones y servicios en las estadísticas regionales de la dependencia. “Tampoco hay mucha claridad sobre el Catálogo de Servicios, que parece los ojos del Guadiana, porque a las infraestructuras sociales y servicios destinados a la Dependencia en la Región de Murcia, unas veces se puede acceder a través de la página web de la Comunidad y otras no”.

Por último, destacó la importancia del acuerdo del Consejo Territorial, a propuesta de la ministra sobre la elaboración de un catálogo de buenas prácticas en la implantación de la Ley de Dependencia. “Lo que contribuirá a mejorar la eficiencia de las actuaciones de todas las comunidades autónomas. Así la Consejería de Política Social, Mujer e Inmigración podrá poner en marcha las buenas prácticas de otras autonomías donde la aplicación de la Ley es muchísimo más eficaz y ágil, obteniendo mejores resultados, que finalmente redundan en la ciudadanía tanto en el reconocimiento de derechos y prestaciones como en la creación de empleo.