El PSOE recuerda al PP que es al Gobierno regional a quien debe exigir que cumpla la Ley de Dependencia

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La diputada Lola Hernández pide a Lourdes Méndez que no haga demagogia, “porque el consejero Bascuñana se ha dedicado a boicotear la ley desde que se puso en marcha”

Nota remitida por PSOE:

 

La diputada regional Lola Hernández recordó hoy a la diputada nacional del PP, Lourdes Méndez, que “es al Gobierno regional, en concreto, al consejero Joaquín Bascuñana, a quien debe dirigir sus críticas por el incumplimiento de la Ley de Dependencia, y porque a estas alturas, aún no sabemos qué dinero están destinando a las personas y familiares que están incluidos en el sistema de la dependencia”.

A juicio de la responsable de Política Social del Grupo Parlamentario Socialista, “el Partido Popular no debería hacer demagogia hablando de recortes sociales, porque Lourdes Méndez debe de saber que el Gobierno regional no sólo no atiende a las personas valoradas y con derecho a prestaciones o servicios al amparo de la Ley de Dependencia, sino que tampoco ha creado el empleo previsto en atención a las personas dependientes”.

Asimismo, “la Consejería de Política Social tampoco atiende a la población en riesgo de exclusión social o sin recursos, sin diagnóstico preciso, sin plan de inclusión, sin aplicación de la Renta Básica de Inserción”, y el Ejecutivo de Valcárcel, con una Región con un 20 por ciento de desempleo, ha recortado la financiación a las Entidades Locales en política social, y no cumple los compromisos que son competencia del Gobierno de esta Comunidad Autónoma”.

Apoyo del Gobierno de España

Por el contrario, el Gobierno de España ha incrementado un 79 por ciento las inversiones para Murcia, que para este año destinan más de 8,6 millones del Nivel Acordado (realizado en el Consejo Territorial celebrado hace unos días, con el acuerdo de todos los consejeros autonómicos), así como del Plan E (convenio firmado con el Ministerio para infraestructuras sociales) por valor de 11.630.800 euros.

Además, el Mínimo Garantizado por la Administración central, pagado mensualmente en función de las valoraciones que envía la Comunidad al Gobierno de España que, a fecha de hoy, puede sobrepasar los 3 millones de euros, mientras que el cómputo total anual lo sabremos cuando termine el año, en función de la nómina de cada mes, pagada por el IMSERSO, que a su vez debe ser pagada a los usuarios.

Por otra parte, la Región de Murcia está recibiendo dinero de la Administración central por valoraciones realizadas que no revierte en prestaciones y servicios para los usuarios del sistema. Según datos facilitados por la Comunidad al IMSERSO, hay 23.224 dictámenes emitidos con derecho a prestaciones, que el IMSERSO paga a la Comunidad mensualmente en el concepto de Mínimo garantizado.

A este respecto, “si la diputada Lourdes Méndez dice que sólo 9.100 personas están recibiendo ese mínimo garantizado, ¿a dónde va el resto del dinero que viene para pagar prestaciones y servicios?”, se pregunta Lola Hernández.

La parlamentaria socialista concluyó afirmando que “el Partido Popular se ha dedicado desde los inicios de la aplicación de esta Ley a boicotearla sistemáticamente con el objeto de identificar los fallos del sistema en la figura del Presidente del Gobierno, como hacen con todo”. La Ley aprobada con una amplia mayoría fue llevada al Congreso por el PSOE, porque así se comprometió el PSOE con la ciudadanía en su programa electoral.

Cooperación institucional

La puesta en marcha del Sistema de la Dependencia requiere de la cooperación institucional de las tres Administraciones, central, autonómica y local, mientras que su financiación es como mínimo a partes iguales entre las dos primeras. La Consejería de Política Social, Mujer e Inmigración tiene el Sistema sin desarrollar, no está regulado el procedimiento de solicitud y concesión, no están reguladas las incompatibilidades, ni el copago, elemento importante de solidaridad de la Ley, tampoco está regulada las acreditaciones de los centros y de las empresas que prestan el servicio.

Tampoco ha potenciado la implantación del nuevo sistema en las corporaciones locales, dotándolas de financiación suficiente para atender a los posibles usuarios y usuarias del sistema, de manera que los Ayuntamientos se tienen que enfrentar a la Dependencia con sus recursos.

Las estadísticas que ofrece la CARM en su página web son incompletas, no ofrecen datos sobre el número de prestaciones, información que la diputada Méndez parece tener de forma privilegiada, porque ofrece datos que no están en el Sistema, y más del 75 por ciento de las personas valoradas al amparo de la Ley de Dependencia en esta Región no tiene Programa Individual de Atención, es decir, no tienen prestaciones o servicios.

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