"Porque ni conocemos el dinero que nos corresponde, ni su evolución, ni cómo queda la Región respecto al resto de autonomías, y además no cumple el acuerdo de la Asamblea Regional"
Inmaculada García afirma que el nuevo modelo “es un sistema para satisfacer hipotecas políticas y no genera cohesión ni convergencia, sino más desigualdad entre españoles, a unos niveles que son posiblemente inconstitucionales”
La consejera de Economía y Hacienda, Inmaculada García, se abstuvo hoy en la votación sobre el nuevo modelo de financiación autonómica en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, en la que reivindicó “una financiación más justa y equilibrada para todos los españoles". García justificó su abstención afirmando que la Región “no puede aprobar este modelo porque desconocemos cuánto dinero nos corresponde, cómo va a evolucionar y cómo quedamos en relación con el resto de comunidades autónomas”.
García lamentó que “otras comunidades y, muy singularmente, alguna formación política, conozca desde el domingo no sólo cuánto dinero les corresponde a ellas, sino cuánto les corresponde al resto de comunidades, incluso en términos de financiación per cápita, lo que les da una perspectiva general del modelo de la que nosotros carecemos”.
El modelo propuesto por el Gobierno de España “no cumple el acuerdo de la Asamblea Regional, porque nos mantiene en financiación per cápita por debajo de la media, y no garantiza la suficiencia financiera a lo largo de su vigencia”, explicó la consejera, que añadió que “desde luego, no vamos a rechazar el dinero, que no es de Zapatero, sino de los impuestos que pagamos todos los españoles y de la deuda que pagaremos en el futuro, y lo recibiremos y administraremos en beneficio de los murcianos y seguiremos reclamando justicia, solidaridad e igualdad".
Tres niveles de españoles
A juicio de Inmaculada García, el nuevo modelo “crea tres niveles de españoles, y la Región se sitúa en el tercer escalón. En el primer nivel, el Gobierno de Zapatero sitúa al tripartito y a las hipotecas que ha adquirido para su sostenimiento en el poder a cualquier precio, en el segundo a los de las comunidades gobernadas por el PSOE, y luego están los ciudadanos de tercera, que son los de las autonomías gobernadas por el Partido Popular”.
En definitiva, “es un sistema para satisfacer hipotecas políticas y, por lo tanto, ni genera cohesión, ni produce convergencia, sino más desigualdad y más diferencias entre españoles, a unos niveles que habríamos de estudiar si son constitucionales”.
