Murcia, 17 jul (EFE).- El secretario general de IU en la región de Murcia, José Antonio Pujante, estudia acciones legales contra el juez instructor del caso Limusa, que investiga una presunta trama de corrupción en esa empresa municipal de limpieza de Lorca, por haber dicho que el diputado autonómico de este partido puede ser "imputable".

En una rueda de prensa, Pujante reaccionaba así esta tarde al auto en el que Sergio Romero, titular del juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Lorca, se inhibía a favor de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia al considerar que eran "imputables" dos diputados autonómicos: Pujante, de IU, y, según fuentes cercanas al caso, Bartolomé Soler, del PSOE.

El abogado Joaquín Dólera, miembro de la dirección de IU, ha señalado que "imputables somos todos los humanos", por lo que esa palabra del auto de Romero es "una extravagancia que se suma a la global de un documento que acusa a Pujante de malversación de fondos públicos, cuando éste nunca tuvo acceso a ellos, pues era concejal en la oposición en Lorca, con mayoría absoluta del PSOE en 2004", año de los hechos denunciados.

Según el auto de Romero, Pujante viajó ese año con mandato del pleno de Lorca y junto a una delegación del ayuntamiento a unas jornadas sobre recogida neumática de basuras que tuvieron lugar en Sevilla, "y éste es al parecer el delito que ha cometido, cuando sólo cumplió con su obligación", ha asegurado Dólera.

En ese viaje acompañaron a Pujante los entonces gerente de Limusa, Francisco Gil, y concejales del PP y del PSOE en Lorca Jesús López Molina y Bartolomé Soler, respectivamente, éste último ahora parlamentario en la Asamblea Regional de Murcia.

Durante su estancia en Sevilla, se cargaron a Limusa facturas del club de alterne La Casita, como recoge textualmente, pero incluso Gil declaró al juez que Pujante no estuvo en ese local, como éste mismo ha reiterado hoy.

Tanto Pujante como Dólera han asegurado que el auto judicial remitido al TSJ murciano "carece de rigor jurídico en la fundamentación de la acusación, es deficiente, desproporcionado, no contiene indicios racionales de criminalidad" contra Pujante, pues éstos son "infundados e insuficientes, con poca base e, incluso, malintencionados".

Además, han agregado, "interpreta tibia, insuficiente y subjetivamente una fundamentación jurídica de todo punto inconsistente, y no cita al concejal del PP, no aforado, que participó en el mismo viaje".

Para Pujante y para IU, han sostenido, "el daño moral, personal, mediático y político es importante", cuando en el auto no hay sospecha de que aquél estuviera en el club ni de que pudiera usar unos fondos públicos de los que no disponía, pues del pago en el local se hizo cargo Gil con su tarjeta de crédito, con cargo a fondos públicos, al igual que de los gastos de gasolina, manutención y alojamiento.

A pesar de que fuentes del TSJ de Murcia se han referido hoy a que había en el caso dos "imputados con estatus de aforado, cuyos datos personales siguen todavía protegidos por el secreto sumarial", el responsable de Política Institucional de IU en la región de Murcia, Cayetano Jaime, ha aseverado que Pujante no lo está.EFE