Cartagena, 7 oct (EFE).- El consejero de Política Social, Mujer e Inmigración, Joaquín Bascuñana, ha defendido hoy en su comparecencia ante el pleno de la Asamblea Regional la legalidad y transparencia con la que se adjudicó este verano a una empresa privada la gestión del Centro de Emergencias de Mujeres Víctimas de Malos Tratos.

Bascuñana, que ha comparecido a petición del grupo socialista, ha reprochado a este partido que no solicitase información sobre el expediente y que sus argumentos se basen sólo en la denuncia presentada por la empresa que durante ocho años había gestionado ese centro y que se quedó fuera del concurso.

El consejero ha defendido la actuación tanto de la directora del Instituto de la Mujer, Teresa Moreno, como de los funcionarios que tuvieron que acudir al centro para trasladar a las mujeres a otras casas de acogida, ante la negativa de la empresa que se quedó fuera del concurso a abandonar las instalaciones.

Bascuñana ha negado las acusaciones de presunta prevaricación en la adjudicación y ha reiterado que fue la Asamblea Regional la que aprobó en los presupuestos correspondientes a este año que la gestión de ese centro se realizase mediante contrato, y no con una subvención nominativa.

Ha dicho que no hubo maltrato a las mujeres que fueron trasladadas a otros centros y ha pedido que no se confunda la denuncia de unas trabajadoras con la atención que ofrece la consejería a las víctimas de la violencia machista.

Desde 2000, ese centro ha atendido a 1.198 mujeres y a 1.452 menores, ha informado Bascuñana.

La diputada socialista Carmen Moreno ha recordado que los funcionarios cumplen órdenes de los altos cargos del Instituto de la Mujer y ha pedido explicaciones sobre el proceso de adjudicación, que deja fuera a una empresa especializada y concede el servicio a otra orientada a la formación y el empleo.

Carmen Moreno ha explicado que desde el Instituto de la Mujer se pidió a las trabajadoras del centro que se hicieran autónomas mientras se realizaba el proceso de adjudicación, para que de esta forma perdieran los derechos adquiridos.

Además, ha criticado el modo en el que se realizó el traslado de mujeres a otros centros, como denunciaron la empresa saliente y las propias mujeres víctimas de maltrato.

El diputado de IU, José Antonio Pujante, ha dicho que lo más grave fue el modo en el que, al parecer, se realizó el desalojo de las mujeres maltratadas, a la vez que pedía un incremento en 2010 de los recursos destinados a prevenir la violencia machista.

La diputada del PP Severa González ha reprochado a la diputada socialista que no solicitase el expediente de adjudicación de este concurso, y ha calificado de "impecable" y "transparente" la gestión realizada por el Instituto de la Mujer.

"Lo cómodo y lo fácil es hacerse eco de las denuncias de un colectivo en los medios de comunicación sin contrastar los datos y conocer el procedimiento", ha añadido la parlamentaria del PP. EFE