UPyD rechaza firmemente cualquier medida tendente a territorializar la gestión del agua, tal y como proponen las autoridades castellano-manchegas en el nuevo Estatuto de la región, y defiende que sea el Estado quien legisle, conceda y explote los recursos hídricos de toda España, siendo ésta la mejor manera de garantizar que este recurso se distribuya atendiendo al interés general y garantizando la solidaridad y la igualdad de todos los españoles. Asimismo, solicita a PP y PSOE un discurso claro y una actuación coherente en el seno de sus formaciones políticas en materia de agua, algo que ha quedado en entredicho a propósito de la reserva estratégica de 6.000 hectómetros cúbicos para Castilla-La Mancha.
Unión, Progreso y Democracia de la Región de Murcia insiste en que la única solución viable para el conflicto por el agua entre las Comunidades Autónomas de nuestro país reside en revisar el actual marco competencial de la gestión de los recursos hídricos, para que tales competencias sean asumidas en exclusiva por el Estado de la nación.
En esta línea avanza el trabajo de UPyD en el Congreso que, a través de su portavoz y diputada nacional, Rosa Díez, ya se opuso a la tramitación del nuevo Estatuto de Castilla-La Mancha, además de defender el pasado 16 de diciembre una proposición no de ley, en la que solicitaba que fuera el Estado el encargado de legislar, ordenar, conceder y explotar los recursos hídricos de toda España.
Desde UPyD se viene solicitando insistentemente al Partido Popular y al Partido Socialista que se pongan de acuerdo en el seno de sus formaciones políticas sobre qué modelo de gestión del agua defienden, toda vez que las incoherencias en su discurso nacional y autonómico se hacen cada vez más evidentes, tal y como se ha podido comprobar en las últimas horas a propósito del supuesto apoyo del Gobierno y del grupo parlamentario socialista (negado por el socialista murciano Pedro Saura) a la reserva estratégica de 6.000 hectómetros cúbicos anunciada por el presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, y que supondría el fin del Trasvase del Tajo.
Por su parte, el Partido Popular puede encontrarse ante una contradicción similar a la hora de posicionarse ante el Estatuto castellano-manchego, ya que en su momento votó a favor del Estatuto de Aragón, que contemplaba una reserva algo superior.
UPyD y sus distintas agrupaciones territoriales, incluida la de la Región de Murcia, ha mostrado desde su fundación una postura clara y coherente sobre la necesidad de que la gestión de los recursos hídricos sea competencia exclusiva del Estado, ya que es la mejor manera de garantizar que este recurso tan necesario se distribuya atendiendo al interés general y garantizando la solidaridad y la igualdad de todos los españoles.
