Se reducen las retribuciones del personal de la Administración regional, miembros del Gobierno y altos cargos y se prohíbe la creación de nuevos organismos públicos

La consejera de Economía y Hacienda, Inmaculada García, presentó hoy ante el pleno de la Asamblea Regional el proyecto de ley de modificación de la Ley 14/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para 2010. Dicha modificación incluye las medidas para la reducción del déficit público incluidas en el Real Decreto Ley 8/2010 que aprobó el Congreso de los Diputados el pasado 27 de mayo.

García explicó que estas medidas "son una imposición de la Unión Europea a Zapatero como consecuencia de las circunstancias económicas actuales que no ha sabido abordar la política económica del Gobierno de España, sin diagnóstico primero y sin estrategia definida después", y añadió que "a pesar de no compartir ni el fondo ni las formas" de dicha imposición, "quiero manifestar que vengo a esta Cámara con la voluntad de consenso pues es lo que los ciudadanos nos demandan hoy, más que nunca".

En concreto, el decreto del Gobierno establece medidas para reducir los gastos en las distintas administraciones, trasladándose al ámbito regional las reducciones establecidas por el Gobierno central en cuanto a las retribuciones de los empleados públicos "que se sitúan en una media de reducción del 5,70 por ciento para los funcionarios del grupo A y un uno por ciento para los funcionarios del grupo E", dijo la consejera.

Además, "en la línea de responsabilidad de los gestores políticos, se acometen las reducciones de las retribuciones de los miembros del Consejo de Gobierno, altos cargos de la Administración general, organismos públicos y demás entes del sector público regional, equiparándolas a sus homólogos de la Administración General del Estado". También se prohíbe expresamente la creación de nuevos organismos públicos.

El proyecto de ley regional contiene además unas medidas de mejora de la gestión presupuestaria con la incorporación de informes preceptivos de la Dirección General de Presupuestos, sobre la incidencia de proyectos de inversión en infraestructuras en el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, y del Instituto de Crédito y Finanzas sobre la adecuación de la carga financiera a las condiciones de mercado en el aplazamiento de determinados contratos relativos a infraestructuras educativas.

Unas medidas "que llegan tarde"

La titular de Economía y Hacienda manifestó tras detallar el proyecto de ley de modificación de los Presupuestos que "desde el Gobierno regional hemos cumplido con el imperativo legal", pero a su juicio "el Gobierno de Zapatero llega tarde, ya que ha movido ficha después de dos años de inacción ante la crisis y forzado por las presiones del exterior, al igual que lo que ha ocurrido con la reforma laboral".

Además, la consejera consideró que "el Real Decreto es improvisado y no soluciona ninguno de los problemas de la economía española. Se trata de un simple cuadre de cuentas con medidas fáciles porque afectan a los empleados públicos e injustas porque repercuten en los más débiles de nuestra sociedad, los pensionistas".

García recordó que la Región "lleva desde 2007 poniendo todos los instrumentos a nuestro alcance para paliar los efectos de la crisis, como es el Plan de Medidas Extraordinarias para la Dinamización Económica y la consolidación del Empleo en la Región de Murcia, las diez medidas contra la crisis presentadas por el presidente regional en esta misma tribuna en 2008, el plan de austeridad de octubre de ese año, la reducción del número de consejerías y la congelación de las remuneraciones de los altos cargos, entre otras medidas".

En este sentido, la consejera indicó que "al igual que hemos hecho en la Región de Murcia, necesitamos que el Gobierno central se ponga a trabajar conjuntamente con las comunidades autónomas".