Un total de 3.646 personas serán a partir del próximo año nuevas beneficiarias de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y de Atención a la Dependencia al incorporar como protegible el Grado I, nivel 2, ya que la aplicación de la norma es de carácter progresivo y adquieren protección de forma continuada en el tiempo los diferentes grados de valoración de dependencia.

Ante la entrada del nuevo grado protegible, las propuestas en las que están trabajando las comunidades autónomas y la Administración central se centran en los servicios para atención al dependiente, si bien el catálogo de los mismos está aún sin aprobar. En éste se incluirían los servicios de prevención y promoción de la autonomía personal, la teleasistencia, la ayuda a domicilio y la asistencia parcial a los centros de día, así como la prestación económica para el cuidado en el entorno familiar y la vinculada a un servicio.

El responsable de Política Social, Mujer e Inmigración, Joaquín Bascuñana, hizo hincapié en los rasgos que caracterizan la demografía murciana al contar con una población menos envejecida que la media española. Así, en el conjunto del país, la población mayor de 65 años, principales beneficiarios de esta Ley, suponen 7,5 millones de personas, el 16,7 por ciento, mientras que en la Región de Murcia hay 191.432 mayores de 65 años, que representan el 13,8 por ciento.

En cuanto a la tramitación de la Ley, según los datos ofrecidos por el Imserso a fecha 1 de julio, la Comunidad se sitúa por encima de la media española en cuanto al número de dictámenes realizados (la media está en el 2,66 por ciento y la Región de Murcia en el 2,76), así como del número de beneficiarios (1,32 por ciento de media frente al 1,43 en la Región).

Bascuñana explicó que se han recibido 60.516 solicitudes, se han dictado 47.024 resoluciones y 26.356 beneficiarios reciben prestaciones. En este sentido, aclaró que las prestaciones para cuidados en el entorno familiar son las más demandadas por los dependientes y representan el 77,17 por ciento del total, seguidas de la atención residencial con un 10,58, la teleasistencia con un 10,38 y los centros de día con un 1,87 por ciento.

El consejero destacó que otro de los capítulos de vital importancia en el desarrollo de esta Ley es el referido a la Normativa, y señaló respecto al recorte presupuestario aprobado por el Gobierno central, cuya aplicación afecta a los Grados III y II, y que recoge un punto relativo al pago de la retroactividad, "que no se aplicará si el periodo para realizar la resolución es menor a seis meses, y para aquellos beneficiarios con derecho a percibirlos se establecen cinco años para pagar esos atrasos, abonando la quinta parte por año".

En cuanto a los fallecidos, "aquellas solicitudes que sean anteriores al 1 de junio de este año, cada comunidad decidirá si paga o no esos atrasos, y en Murcia sí se abonara la retroactividad correspondiente".

Respecto a la normativa regional, ya está en vigor el Decreto relativo al copago que, añadió el consejero, "beneficia a las rentas más bajas". Asimismo, respecto al Decreto de Compatibilidad, destacó que "su objetivo es fomentar el uso de los servicios, así como compatibilizar servicios íntegros con parte de las ayudas económicas, especialmente para los dependientes más afectados". Por otro lado, la Consejería también está trabajando en el tercero de los decretos de la Normativa regional, que es el de Procedimiento Administrativo.

Finalmente, Bascuñana hizo una exposición del funcionamiento del Servicio de Promoción de la Autonomía Personal (Sepap) en la Región de Murcia, que se concreta en dos tipos de servicios: los de atención diurna y las viviendas, siempre con el objetivo de promover itinerarios vitales que fomenten la vida autónoma y comunitaria de las personas con discapacidad, a la vez que incrementar su independencia y mejorar su calidad de vida.

Por otra parte, el consejero subrayó la importancia de la formación para los cuidadores de las personas dependientes, y subrayó que "se han realizado 50 talleres en 23 municipios para cuidadores no profesionales, en los que han participado un millar de personas en la Región, además de 38 cursos más para profesionales que han contado con 900 plazas y una inversión de 94.000 euros".