El PSRM-PSOE pedirá la convocatoria de la Diputación Permanente de la Asamblea Regional para que se celebre un Pleno extraordinario a fin de debatir el cumplimiento de la Ley sobre la Interrupción Voluntaria del Embarazo en la Región de Murcia, a la que el presidente Valcárcel se opone.

Del mismo modo presentará iniciativas tanto en la Cámara como en todos los ayuntamientos para exigir al presidente Valcárcel que cumpla con sus obligaciones "como ciudadano y como político y acate la Ley emanada del Parlamento español".

Negar un derecho a las murcianas

El responsable de Sanidad del Grupo Parlamentario Socialista, Domingo Carpena, opinó que "si grave fue la actitud del presidente Valcárcel negándose a acatar la Ley, peor es que la consejera de Sanidad impida ejercer un derecho a las mujeres murcianas, que como españolas, les garantiza la Ley".

El diputado recordó que tras estas actuaciones "se aprecia la falacia e hipocresía del Gobierno regional", ya que durante los años 1996 a 2004, años de Gobierno de Aznar, se produjeron en España más de 532.000 abortos y ninguna comunidad autónoma del PP se declaró rebelde o insumisa ante dicha Ley; "ni el Sr. Benigno Blanco, ni la Iglesia Católica montaron entonces manifestación alguna".

Desde 2002, fecha en que la Comunidad Autónoma asumió la atención sanitaria plena, hasta el año 2008 se realizaron en nuestra Región casi 27.000 abortos, financiados en su mayor parte por los Presupuestos del Gobierno de Valcárcel, "el mismo presidente que objeta ahora".

En 2008, fruto de la ausencia de políticas preventivas en salud sexual y de la carencia de estrategias para evitar embarazos no deseados "por parte del Gobierno del que ahora se opone, objeta y se subleva", la Región de Murcia tuvo el dudoso honor de colocarse en primer lugar de todas las comunidades autónomas en la tasa de abortos x 1.000 mujeres.

"El presidente Valcárcel tiene que cumplir esta Ley, como ciudadano y como responsable del Gobierno; como ciudadano porque nadie está por encima de la Ley y como máximo representante del Gobierno, porque así se comprometió cuando fue investido presidente de todos los murcianos". Esto le obliga a realizar una serie de actuaciones para garantizar a aquellas mujeres murcianas que quieran ejercer los mismos derechos que el resto de las españolas. "Porque no debemos olvidar que acogerse a esta Ley es un derecho nunca una obligación", subrayó.

Acreditación de los centros privados

El diputado regional criticó duramente a la consejera de Sanidad, Mª Ángeles Palacios, por su actitud hacia la acreditación de los centros privados, ya que según la Disposición Adicional Única del Real Decreto 831/2010 sobre la calidad asistencial de la prestación a la IVE, los centros privados acreditados con anterioridad para practicar interrupciones del embarazo siguen estando acreditados y pueden seguir prestando este servicio y disponen de un período transitorio de cuatro meses para adaptarse a las nuevas medidas.

Carpena señaló que no valen excusas como que no ha habido tiempo, pues el Ministerio de Sanidad ha informado puntualmente en tiempo y forma a la Consejería de Sanidad sobre sus obligaciones, consistentes en la creación de un Comité Clínico, organización y distribución de la información que deben recibir las embarazadas que quieran interrumpir su embarazo y disponer de Centros Públicos o Privados donde acceder a esta prestación. A día de hoy, según lo que se conoce, nada de esto es posible en la Región.

"Entendemos que un aborto es un drama no querido por prácticamente ninguna mujer, pero con la ley nueva se diseñan además Estrategias de Salud Sexual y Reproductiva para evitar embarazos no deseados. A esto también se oponen", denunció.

Para el diputado socialista el Gobierno regional está utilizando un instrumento público, "para transmitir e implantar, ilegalmente y con manifiesta deslealtad institucional, en Murcia la ideología más ultraconservadora de toda España".

Por ello, el Grupo Parlamentario Socialista pide las comparecencias del presidente Valcárcel y de la consejera de Sanidad para que expliquen en el Parlamento "la dejación de sus funciones políticas para no garantizar este derecho a las mujeres murcianas que quieren o necesiten ejercerlo".