Destaca la "gran responsabilidad" que asume el Gobierno de Murcia "porque la prestación del servicio público de Justicia es una pieza clave del Estado de Derecho"

 Francisco Caamaño señala también que la transferencia de competencias "no va a suponer una menor atención a la región de Murcia por parte de este Ministerio", que trabaja intensamente en el pleno desarrollo del plan de modernización de la Justicia

El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, y el presidente de la Comunidad Autónoma de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, sellaron hoy, en la sede del Ministerio, el acuerdo alcanzado para la transferencia a esta región de las competencias en materia de Justicia. El ministro agradeció la buena disposición del equipo responsable de la negociación "su afán constructivo y su lealtad" y subrayó que este acuerdo es "fruto del trabajo y del diálogo y es bueno para Murcia y para España".

Francisco Caamaño explicó que la región de Murcia "asume una importantísima competencia, pero también una gran responsabilidad porque la prestación del servicio público de la justicia es una de las piezas claves del Estado de Derecho y un factor determinante para que los derechos y libertades de los ciudadanos sean reales y efectivos". Asimismo mostró su satisfacción porque exista consenso político en ese Comunidad para la asunción de estas importantes competencias.

En su intervención pública, el ministro señaló que, a partir de ahora, "el Gobierno de Murcia adquiere, tal y como quiere la Constitución y el Estatuto de Autonomía de esa Comunidad Autónoma, la competencia en lo que se ha denominado 'administración' de la Administración de Justicia.  La titularidad de las infraestructuras e instalaciones del TSJ, de la Audiencia Provincial y de los 11 partidos judiciales de la Región, las redes tecnológicas y los sistemas informáticos, la responsabilidad sobre los más de 1.300 servidores públicos que trabajan en los juzgados y Tribunales de la Comunidad. Y estamos convencidos –continuó- de que la asunción de esa competencia será muy positiva para los ciudadanos de la Región".

Francisco Caamaño explicó que mediante la estrecha colaboración entre el Gobierno de España y el Gobierno de Murcia "podremos ofrecer respuestas y soluciones más eficaces a  las necesidades presentes en nuestra Administración de justicia, desarrollando el proceso de modernización en el que ya estamos inmersos. Y lo vamos a hacer, como hasta ahora colegiando esfuerzos, buscando sinergias y rentabilidades compartidas".

Y añadió que "la transferencia se produce en muy buenas condiciones, y permitirá continuar avanzando en ese proceso de cambio y transformación de la Administración de justicia". El ministro informó que,  en la pasada legislatura, se invirtieron en obras para justicia en la Región algo más de 30 millones de euros;  en 2009, 8,2 millones, en 2010 prevemos ejecutar 12,6 millones en obras y 16,6 en 2011. "Por tanto –dijo-, casi 70 millones de euros, y les hablo sólo de obras y no de nuevas tecnologías donde el incremento presupuestario es todavía mucho más notorio".

El ministro de Justicia destacó que desde el año 2004, el Gobierno de España ha incrementado de manera muy significativa la inversión en materia de justicia, tanto en obras como en nuevas tecnologías, y que el proceso de modernización es toda una realidad".

Francisco Caamaño dejó también constancia de "la colaboración ejemplar que en este proceso de cambio de modelo siempre hemos tenido en los profesionales del Derecho de la Región de Murcia y, particularmente, de aquellos, magistrados, jueces, fiscales, secretarios judiciales, gestores procesales, tramitadores, auxilio, que día a día desempeñan su tarea en la Administración de Justicia de la Región. Murcia es una Región modélica en la implantación de lexnet y su capital es una de las ciudades en la que se inicia el despliegue gradual de la nueva oficina judicial".

Finalmente, el ministro de Justicia advirtió que "la transferencia de las competencias de Justicia a la Comunidad no va a suponer nunca una menor atención a la Región por parte del Ministerio. Todo lo contrario. La Constitución quiere que la atención a la Justicia sea cosa de dos y nosotros vamos a cumplir con ese mandato, renovando nuestro compromiso de máxima colaboración, convencidos de que el reparto de competencias y de responsabilidades redundará en beneficio de los ciudadanos y en una mejora de la prestación de tan relevante servicio público.  Y prueba de ello –concluyó Francisco Caamaño- es que aunque la transferencia tendrá efectos a partir del próximo 1 de enero, el Ministerio de Justicia seguirá ejecutando y financiando la segunda fase de la Ciudad de la Justicia y apoyará mediante convenio el proceso de digitalización de salas de vistas y otros elementos tecnológicos".