Para UPyD de la Región de Murcia, la reciente adopción del Acuerdo de Asociación Agrícola entre la UE y Marruecos, que incrementa los cupos del tomate marroquí que pueden entrar en el mercado común, y que afectarán muy especialmente a regiones como Murcia o Andalucía, es una prueba más de la falta de voluntad política y habilidad del Gobierno español para defender sus propios intereses dentro de la UE.
UPyD reconoce que la pertenencia de nuestro país a la UE implica beneficios y también sacrificios, y defiende la importancia de profundizar en las relaciones de vecindad con el Sur del Mediterráneo, como área esencial de intercambio y de influencia política. Pero, al mismo tiempo, reclama que la intensificación de las relaciones comerciales con Marruecos esté supeditada también a criterios políticos esenciales, tales como avances y reformas en su sistema democrático y la garantía de respeto de los derechos humanos dentro de las fronteras del país vecino, muy especialmente en lo que concierne a la situación de la población saharaui.
Del mismo modo, tiene que haber un grado de exigencia similar en todo lo relacionado con los derechos laborales de los trabajadores, controles fitosanitarios, y las medidas de trazabilidad que tienen y se exigen a los productos agroalimentarios de España y de los países de la UE en general, y que, en cambio, no se aplican o relajan con los países de origen, y más concretamente con Marruecos. Ello incide directamente en los costes de producción.
Hay que recordar que las relaciones de Marruecos con la UE tienen desde 2008 la atribución de “Estatuto Avanzado”, algo que para Marruecos ha supuesto innegables ventajas económicas, convirtiéndose en el primer beneficiario de su región en la asignación de fondos europeos destinados a la política de vecindad. Este presupuesto va a aumentar, además, en el periodo 2011-2013. A ello hay que sumar la dotación económica asignada para el periodo 2007.2011 en virtud del acuerdo pesquero, acuerdo declarado ilegal por el Parlamento Europeo ya que incluía las aguas del Sahara Occidental.
Marruecos está financiando su desarrollo económico con ayudas de la UE, pero sin ninguna contrapartida política o jurídica: reforma de su sistema democrático, respeto de las libertades fundamentales y los derechos humanos, etc. Este aspecto de las relaciones UE-Marruecos es especialmente sensible en lo que afecta al Sahara Occidental, ya que Marruecos no cumple las resoluciones de Naciones Unidas sobre el Sahara ni reconoce el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui.
