El consejero de Política Social, Mujer e Inmigración, Joaquín Bascuñana, explicó hoy que, en lo que va de legislatura, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero "ha recortado 366 millones de euros en materia de atención social". El consejero subrayó que "desde este verano existe una falta de liderazgo gubernamental en esta materia tan sensible para el bienestar ciudadano". Por todo ello, solicitó la convocatoria urgente tanto del Consejo Territorial de la Dependencia como de la Conferencia Sectorial de Política Social.

Bascuñana realizó estas declaraciones después de la reunión, celebrada en la sede de la Consejería murciana, en la que participaron además sus homólogas de Galicia, Beatriz Mato; Comunidad Valenciana, Angélica Such; La Rioja, Sagrario Loza; y el titular de Castilla-León, César Antón. Los responsables de Política Social analizaron las novedades en la aplicación de la Ley de Dependencia y los Presupuestos Generales del Estado relacionados con su departamento. En el encuentro participaron también, a través de una videoconferencia telefónica, los responsables de Madrid, Navarra y Canarias.

Los consejeros compartieron la preocupación ante los recortes anunciados por el Ejecutivo central, que "contrariamente a lo que proclamó tiempo atrás, afectan de lleno a la política social", según Bascuñana, que añadió que "ahora se han enterado de que las cifras acordadas en las dos últimas reuniones del Consejo Territorial de la Dependencia y de la Conferencia Sectorial de Política Social van a ser reducidas un 17 por ciento".

Esta disminución no se corresponde, a su juicio, "con la lealtad constitucional", porque, según añade, "tales bajadas siempre se trasladan a las comunidades autónomas, que son las instituciones responsables de prestar el servicio a los ciudadanos". "Es lo de siempre: yo invito y tú pagas", recordó Bascuñana.

Reducción presupuestaria

El consejero se refirió, asimismo, a la necesidad de que este tipo de medidas se acuerden en el Consejo Territorial y en la Conferencia Sectorial, como es el caso del establecimiento de criterios para determinar la intensidad del servicio y los importes de las situaciones de dependencia del grupo I. "No vamos a firmar cheques en blanco sin saber los contenidos", dijo Bascuñana, que lamenta la rebaja de 80 millones de euros para la aplicación de la Ley de Dependencia.

Respecto a otras áreas de la política social, Bascuñana lamentó que los recortes apuntados, unidos a los de Dependencia, suponen 48,2 millones menos de 2010 a 2011. En concreto, los programas de integración social del pueblo gitano y de los inmigrantes, así como los planes de cooperación exterior "se quedan en suspenso", al igual que el Plan de Voluntariado y el Plan Gerontológico.

El consejero de Política Social indicó que "si a los recortes señalados se añade la disminución de 241 millones de euros del ejercicio 2008 al 2009 en material social por parte del Gobierno de la Nación, en lo que va de legislatura ya son 366 millones menos de lo prometido".

Por ello, Bascuñana advierte de que la entrada en vigor de un nuevo grado en la Ley de Dependencia supone un mayor número de usuarios. "Si, según dijo la ministra de Sanidad y Política Social, se pretende proporcionar más servicios y más calidad, la sensación que se percibe en estos momentos no coincide con tales deseos", explicó Bascuñana. Por este motivo, el consejero demanda la convocatoria de los dos órganos que coordinan y establecen la política social entre el Gobierno central y las comunidades autónomas.

Bascuñana manifestó que "confía" en que la ministra "sea consciente de la necesidad de dichas convocatorias a la mayor brevedad posible, lo que significa este mismo mes, antes de que se aprueben los Presupuestos Generales del Estado en el Congreso", concluyó.