El abogado murciano Diego de Ramón Hernández se ha personado como acusación popular en la causa que investiga en el juzgado número 8 de Murcia y que afecta a varios convenios urbanísticos aprobados por el ayuntamiento de Murcia, y que de momento, se ha saldado con tres detenidos y más de una veintena de imputados.
Según el escrito de De Ramón, al que ha tenido acceso VMPress, el letrado amplía la denuncia ya que “el dinero omitido a la Hacienda Pública es superior a 300 millones de euros, que repercuten a todos los murcianos, en base a un informe de la Intervención General del Estado, por la aprobación de seis convenios urbanísticos, siendo el primero de ellos en el año 2001 y el ultimo en el año 2005”.
En base a ello, ha solicitado en periodo de instrucción varias diligencias, entre ellas “que se recabe la aprobación de dichos seis convenios urbanísticos, por la Consejería de Obras públicas de la Comunidad Autónoma de dicho años, en cuanto al informe jurídico de dicha Consejería, y la aprobación por medio de la Orden del Consejero que hubiese en ese momento de dichos Convenios”.
También “que se recaben los informes jurídicos del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma, que son previos a la aprobación por el Consejo de Gobierno, como así todos los acuerdos de dicho consejo, que aprobaron dichos Convenios, votos a favor, o en contra de los Consejeros y del Presidente”. Igualmente informes a la Consejería de Agricultura y medio ambiente, sobre la preceptiva declaración de impacto medio ambiental, que se dio, cuáles fueron sus legitimaciones técnicas o defensivas del medio ambiente.
Continua el letrado murciano pidiendo una “Memoria del Consejo Jurídico de la Región de Murcia, sobre la aprobación de dichos acuerdos del Consejo de Gobierno, como así la justificación legal o legitima de las actuaciones desde su inicio hasta su aprobación final por el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma”.
Asimismo “que se recaben informes al Tribunal de Cuentas y su fiscalía, sobre si se pronunció en la existencia de responsabilidad penal en dichos seis convenios, o si solo vio, la documentación administrativa, sin entrar en la responsabilidad penal, o el desequilibrio económico de valores dados en cuanto a la rentabilidad o beneficio obtenido en las recalificaciones de mas de dos millones de metros cuadrados, que pasaron a ser urbanizables solo dos años después de que el Plan General de Ordenación Urbana, los calificase como rústicos, agrícolas no urbanizables.
Finalmente, el abogado pide que “por parte de los imputados se les haga declarar, las negociaciones que mantuvieron, en prensa local de aquellos años, con las Autoridades Regionales y las Autoridades Municipales, sobre las compensaciones económicas que iban a resultar a favor de la Comunidad Autónoma, incluido el Club de Futbol Real Murcia, ya que obtuvo el volumen de edificación mas alto el 0,5%.,por la posible construcción de cerca de mas de 20.000 viviendas, y varios centros comerciales conocidos como Nueva Condomina”.
La ampliación de la denuncia también recoge “que se recaben a los imputados declaraciones de sus fuentes de financiación, que bancos se encuentran y Cajas de Ahorros, y si hubieron financiación, que miembros o representantes políticos de las Cajas de Ahorros dieron el voto favorable para su aprobación en el Consejo, y que garantías se le exigieron”.
