El consejero de Justicia y Seguridad Ciudadana, Manuel Campos, subrayó hoy la importancia de que el Código Penal incluya a partir del próximo 23 de diciembre la responsabilidad penal directa de la empresa por los delitos cometidos en su ámbito de actuación, y señaló que supone "una gran novedad en el derecho penal económico y determina la superación del viejo principio de que las sociedades no pueden delinquir".

Campos realizó estas declaraciones durante la apertura de las jornadas 'El nuevo Código Penal: derecho penal económico e incidencia en el ámbito de la empresa', en las que se reflexiona sobre la reciente y trascendental reforma del Código Penal que ha permitido incorporar por primera vez la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el ámbito empresarial por la que una sociedad puede ser declarada responsable por la comisión de un delito.

En las jornadas, organizadas por la Asociación para el Progreso de la Dirección, se analiza el alcance de la responsabilidad penal de las personas jurídicas y planes de prevención y detección de delitos como herramienta para atenuar o eliminar la responsabilidad penal. Al acto de inauguración también asistió el presidente del Grupo Fuertes, Tomás Fuertes, y el director de la oficina de Murcia de Landwell-PwC, Antonio Félix Del Saz.

El responsable autonómico valoró muy positivamente que el artículo 31 bis del nuevo Código Penal tipifique la responsabilidad penal de las personas jurídicas, de modo que una sociedad puede ser declarada responsable, tanto si ha sido realizado en nombre y por cuenta de la misma, como por personas sometidas a su autoridad y no se ha ejercido el debido control.

"La nueva regulación supone un importante avance, sobre todo en estos momentos de crisis económica, ya que permitirá una adecuada prevención y tutela del orden constitucional socioeconómico, lo que supondrá mayores garantías para los ciudadanos", resaltó Campos.

Asimismo, el consejero señaló que esta reforma posibilita que el derecho español se adapte al derecho europeo y al de los países de corte anglosajón, donde tradicionalmente se ha establecido el principio de responsabilidad de las personas jurídicas.