UGT Y CCOO han presentado en el Registro del Ministerio de Trabajo e Inmigración, un escrito dirigido a la Presidencia del Gobierno de España, a través del cuál, se demanda del Gobierno que se promueva CONFLICTO DE COMPETENCIA, al amparo de la Constitución Española, contra la decisión adoptada por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia tras la aprobación de la "Ley de Medidas Extraordinarias para la Sostenibilidad de las Finanzas Públicas"
Jiménez: "La nueva ley atenta contra el ordenamiento jurídico constitucional, contra la libertad sindical y el Estatuto Básico del Empleado Público y supone, además, la derogación de pactos y acuerdos firmados hace doce años con los trabajadores de la administración regional"
Diez días después de su aprobación y tan sólo dos después de su entrada en vigor, UGT y CCOO han interpuesto una solicitud de conflicto de competencias contra esta Ley 5/2010, de 23 de diciembre, de Medidas Extraordinarias para la Sostenibilidad de las Finanzas Públicas de la Región. Ambas confederaciones sindicales, han presentado así al Gobierno del Estado, y a su vez al Consejo de Ministros, esta solicitud al amparo de lo dispuesto en los artículos 161.1.c y 161.2 de la Constitución Española y en el artículo 62 de la Ley Orgánica 2/1979 del Tribunal Constitucional.
Así, el Secretario Regional de UGT, Antonio Jiménez, explicó en rueda de prensa que esta ley viene a "lesionar de una manera abierta y flagrante el orden de competencias establecido en la Constitución Española, desconociendo las que le corresponde al Estado en el artículo 149.1, en sus cláusulas 1ª y 7ª y 18ª de la Constitución Española". Así, Jiménez recordó que las Comunidades Autónomas "sólo tienen competencia para ejecutar la legislación laboral", recordó Jiménez, "y nunca para modificarla, por lo que también ha infringido las bases del régimen estatutario de los funcionarios públicos al no respetar el Estatuto Básico del Empleado Publico".
Por otra parte, el Secretario Regional de UGT indicó que la aprobación indebida de esta ley redactada de modo unilateral, en dos días, y sin contar con el apoyo de los representantes de los trabajadores, "establece la derogación, en parte, de todos los pactos y acuerdos suscritos en el ámbito del personal funcionario y estatutario, así como de los convenios colectivos en el ámbito del personal laboral". Y en este sentido, es manifiesto que la Comunidad Autónoma no puede dictar una ley que deje sin efectos los pactos o acuerdos, "pues el grado de eficacia de los mismos y los supuestos para dejar de cumplirlos se encuentran regulados en la ley estatal y la CCAA no tiene competencia para dictar una regulación diferente sobre la eficacia de tales instrumentos de negociación colectiva", matizó Jiménez.
Del mismo modo, con la aprobación de esta ley se está incidiendo en el régimen jurídico básico del derecho fundamental de libertad sindical, lo que también es de competencia exclusiva del Estado. "No hay que olvidar que el derecho a la negociación colectiva forma parte del contenido esencial del derecho a la libertad sindical", señaló Jiménez. Jiménez insistió que "es importante dar a conocer que esta reacción jurídica no sustituye en ningún caso, y se añade, a las muy importantes movilizaciones que los empleados públicos tienen programadas porque ésta es la única forma por la que más de 55.000 personas tienen para mostrar su rechazo a la aprobación y aplicación de esta ley".
Nos encontramos pues, ante una ley que se traduce en una extralimitación de las competencias de las que dispone la Comunidad Autónoma y que supone además, una involución en la jornada laboral del colectivo de empleados públicos. Así, Jiménez apuntó que ahora se incrementan dos horas y media más de trabajo a cada empleado, "por lo que hablamos de 137.500 horas semanales de trabajadores con las que el Gobierno Regional quiere reducir costes y empleo".
Por su parte, el Secretario General de CCOO de la Región de Murcia, apuntó que con esta ley se produce "una auténtica y flagrante vulneración de los derechos laborales de los empleados públicos, poniéndose en estado de excepción laboral a los 55.000 trabajadores de la Comunidad Autónoma". "Lo que ha hecho el Gobierno Regional", continuó Bueno, "es extralimitar las competencias de las que dispone la Comunidad Autónoma, haciendo caso omiso del ordenamiento jurídico constitucional, suprimiendo los pactos y acuerdos que los trabajadores de la Administración Pública tenían aprobados desde 1998". En este sentido, Bueno quiso hacer hincapié en que "se han empeñado en justificarse refiriéndose a la situación de déficit público, cifrado en un 2,6% del PIB, al que el Gobierno Regional ha de enfrentarse; pero, sin embargo, no se habla de cantidades de dinero y se olvidan de que esta no es una situación extraordinaria, ya que es normal que se superen las previsiones anuales".
Con todo, Bueno señaló que "el principal elemento en el que se sustenta esta ley que retrasa laboralmente a los trabajadores 15 años atrás", es que están en juego "más de 1.500 puestos de trabajo y que además, se producirá un deterioro de los servicios públicos murcianos que deben seguir estando al servicio de la ciudadanía".
Ambos dirigentes sindicales, recordaron que para mañana martes, 4 de enero, está prevista una nueva movilización que partirá a las 18:00 horas de la Plaza Fuensanta de la capital murciana, atravesará la Gran Vía, subirá por la avenida Teniente Flomesta y culminará en las puertas de la Consejería de Hacienda.
