NNGG reclama la supresión inmediata del canon digital

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"La Unión Europea ya declaró ilegal el canon por considerarlo abusivo"

NNGG reclama la supresión inmediata del canon digital

El presidente de NNGG exige que se proteja la propiedad intelectual con medidas menos arbitrarias y más justas y equitativas

El secretario de Tecnología del Partido Popular la Región de Murcia, Teodoro García, ha reclamado la supresión "inmediata" del canon digital. Tras la presentación ayer de una proposición no de ley para la supresión del canon digital en el Congreso de los Diputados, García ha recalcado que "desde el Partido Popular siempre hemos defendido la propiedad intelectual, pero con fórmulas menos arbitraríais más justas".

"Actualmente dispositivos como un dvd o un cd se están gravando sistemáticamente por el canon digital y se trata a los ciudadanos como presuntos delincuentes por presuponer que van a ser utilizados para delinquir", ha criticado Teodoro García.

De hecho, ha argumentado que "el canon digital español está entre los más altos de Europa". Como ejemplo, ha señalado que por cada dvd se paga 0.60 céntimos, triplicando el canon de Alemania o duplicando el canon de Portugal. Por otro lado, en otros países como Reino Unido, Malta o Chipre ni siquiera existe el canon digital, por lo que "quienes se excusen en la normativa europea para defender la agresiva aplicación del canon digital simplemente está mintiendo".

De hecho, ha recordado que el Tribunal de Justicia de la UE declaró ilegal el canon abusivo del Gobierno socialista, "por ser incompatible con la legislación europea".

Por eso, Teodoro García ha añadido que "queremos que el Gobierno apruebe un real decreto por el que se elimine dicha canon y adopte otras fórmulas de remuneración de la propiedad intelectual menos arbitrarias e indiscriminadas y, por lo tanto, más justas y equitativas".

El Grupo Popular recuerda, en la exposición de motivos de la iniciativa, que la Subcomisión en el Congreso sobre propiedad intelectual ya realizó un informe en febrero del año pasado en el que ya instaba al Ejecutivo a encontrar fórmulas "para estrechar la relación entre el beneficio que produce el sector electrónico y la compensación a satisfacer, evitando su repercusión en el consumidor final".

Además, cita los distintos reveses judiciales que ha venido sufriendo el canon digital impuesto por el Gobierno español, entre ellos la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo, de octubre de 2010, que señalaba que la aplicación indiscriminada del canon por copia privada , en particular en relación con equipos, aparatos y soportes de reproducción digital que no se hayan puesto a disposición de usuarios privados y que estén manifiestamente reservados a usos distintos a la realización de copias privadas, "no resulta conforme" con la Directiva comunitaria correspondiente (Directiva 2001/29).

Posteriormente, la Ley de Economía Sostenible estableció finalmente, gracias a la posición mantenida por el PP, que a los tres meses de su entrada en vigor el Gobierno debería establecer un real decreto, conforme al marco normativo y jurisdiccional de la UE, para modificar la regulación de la compensación equitativa por copia privada. Como la entrada en vigor de dicha Ley se produjo el 5 de marzo pasado, el plazo para que el Ejecutivo socialista cumpla con lo establecido en la norma expira el 6 de junio del presente año.

El Grupo Popular también incluye en la exposición de motivos de la proposición no de ley el fallo de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, del 22 de marzo pasado, que declara la "nulidad de pleno derecho de la orden gubernamental que establece la relación de equipos, aparatos, y soportes materiales sujetos al pago de la compensación equitativa por copia privada, las cantidades aplicables a cada uno de ellos y la distribución entre las diferentes modalidades de reproducción".

Por todo ello, en la proposición no de ley del Grupo Popular "el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a publicar, antes del 6 de junio de 2011, un Real Decreto mediante el que se suprima el "canon digital" y se sustituya por otras fórmulas menos arbitrarias e indiscriminadas y, por tanto, más justas y equitativas, de remuneración de la propiedad intelectual, basadas en el uso efectivo de las obras y prestaciones".

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