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Aprobado el decreto que regula el acceso de personas con discapacidad a la Función Pública

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El Consejo de Gobierno ha aprobado el Decreto que regula el acceso y la provisión de puestos de trabajo de personas con discapacidad en la Función Pública de la Administración regional, que eleva del cinco al siete por ciento el cupo mínimo de puestos reservados.

El objetivo del Decreto es promover las medidas necesarias para que el acceso, la promoción interna y la provisión de puestos de trabajo de las personas con discapacidad en la Función Pública de la Administración regional se realice en igualdad de condiciones con el resto de aspirantes.

El nuevo texto legal supera el cupo del cinco por ciento reservado a personas con discapacidad en las Ofertas de Empleo Público establecido en la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, y lo sitúa en el siete por ciento de las vacantes.

De este porcentaje, un cupo no inferior al dos por ciento se destinará a personas con discapacidad intelectual a través de un sistema específico con pruebas independientes, dadas las especiales dificultades que estas personas tienen en su acceso al empleo público.

También establece como novedad, con carácter obligatorio, la reserva de un cupo no inferior al cinco por ciento de las vacantes para personas con discapacidad en el acceso por promoción interna.

El Decreto regula, igualmente, la adaptación de los puestos de trabajo adjudicados a personas con discapacidad tanto en el acceso como en la promoción interna y en los procedimientos de provisión de puestos de trabajo de la Administración regional.

A efectos de esta norma, y de acuerdo con la legislación vigente y aplicable, tendrán la consideración de personas con discapacidad aquellas a las que se haya reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento.

Con este Decreto, la Comunidad avanza en el cumplimiento del objetivo marcado por la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad de 13 de diciembre de 2006. Esta norma fue ratificada por España el 23 de noviembre de 2007 para dar una mayor efectividad a los derechos de estas personas.

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