El secretario de Economía de IU-Verdes en la Región de Murcia, Cayetano Jaime Moltó, ha señalado hoy que la situación por la que atraviesa la CAM demanda la exigencia de responsabilidades políticas de quienes nombraron a los representantes en el Consejo de Administración de la entidad financiera, que son los responsables de la gestión que ha provocado la necesaria intervención del Estado.
A juicio del responsable de IU-Verdes, hay varios factores sobre los que tanto el Partido Popular como el Partido Socialista deben responder. En primer lugar, el dirigente de la formación de izquierdas reclama una explicación pública, tanto a PP como a PSOE, de cómo es posible que en el caso del primero obtuviese créditos por importe de 381.000 euros y mantenga saldo vivo del préstamo concedido por valor de algo más de 2,1 millones; mientras que el PSOE obteniendo créditos por valor de 191.000 euros mantiene saldos vivos aún por importe de 460.000 euros. Esto indica que ambas fuerzas políticas han contado con la complicidad del Consejo de Administración de la CAM para no cumplir con las obligaciones de pago de los créditos deudores.
Por el contrario, IU-Verdes señala que, aún no constando en la Dirección Regional de esta fuerza política la formalización de crédito, aval o garantía alguna suscrito con la CAM, en cualquier caso la insignificancia de la cuantía del crédito concertado -pensamos que por los compañeros de la Comunidad Valenciana-, deja patente que Izquierda Unida es el único partido que paga religiosamente sus deudas.
En otra vertiente, la coalición de izquierdas considera que los representantes en el Consejo de Administración han tenido un clarísimo trato de favor, consiguiendo condiciones ventajosas de acceso al crédito, que fuera de su responsabilidad de la dirección de la Caja difícilmente se hubieran dado. Los importes de los créditos concedidos y los plazos de devolución hacen prever que se destinaban a operaciones meramente especulativas, obteniendo rendimientos superiores a las obligaciones de los intereses derivados del crédito.
El responsable político de este tipo de actuaciones es quien los nombra, y fue el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma, y en particular la Consejería de Hacienda, la que eligió a las personas hoy envueltas en el escándalo público. Valcárcel debería explicar en la Asamblea porque se negó a que la Cámara debatiese y decidiese los nombres de las personas propuestas, así como la política de gestión de créditos y de inversión de las cajas con presencia en la Región de Murcia.
Izquierda Unida reiteradamente ha reclamado la transparencia de esa política, obteniendo la negativa por respuesta del Partido Popular. Hoy se ven los resultados: asunciones de riesgos que sitúan a la Caja en situación de insolvencia, directivos que se lucran y benefician de sus posiciones de privilegio y políticos desaparecidos sin dar explicación alguna de sus decisiones. Con la CAM cae la exposición del ahorro público (de todos los ciudadanos) a la fiesta de la especulación y el ladrillo seguida por los gobiernos del Partido Popular en la Comunidad Valenciana y en Murcia.
Las consecuencias para IU-Verdes han de ser, por una parte las que se deriven en el ámbito de la responsabilidad mercantil o pena, a través del estudio tras la intervención del Banco de España; y por otra, en el ámbito político, lo mínimo exigible sería que Valcárcel solicitase, a petición propia, su comparecencia urgente en la Asamblea Regional.
