El consejero de Economía y Hacienda, Salvador Marín, presentó hoy el proceso de rediseño de todos los procedimientos administrativos que realiza la Comunidad Autónoma, que supera los 1.300, y anunció una futura Ley de Simplificación Administrativa y de impulso a proyectos estratégicos, cuya puesta en marcha supondrá a la Administración un ahorro estimado superior a los 27 millones de euros al año en su implantación inicial y 50 a largo plazo, para mejorar su eficiencia y eficacia y facilitar el desarrollo económico.
Marín indicó que "buscamos dar un nuevo impulso a la modernización de la administración y al desarrollo económico que, además de reducir costes a la Comunidad, también lo haga a las familias y las pymes, que podrán ahorrar más de 86 millones de euros".
El trabajo de simplificación administrativa y rediseño de todos los trámites que realizan los ciudadanos y las empresas con la Administración regional ha supuesto la revisión, uno por uno, de todos los procesos para buscar su redefinición y facilitar la tramitación sencilla y ágil. En este proceso, que llega a su punto final tras haber revisado 1.200 procedimientos con la colaboración de 1.500 funcionarios, supone la reducción de la documentación requerida, mayor transparencia e información para el administrado, acortar los plazos y una racionalización del trabajo.
Marín señaló que "esta labor, que está intensificándose y cuya culminación tiende hacia la administración electrónica efectiva a lo largo de los años 2012 y 2013, supone agilizar la actuación administrativa y reducir cargas burocráticas en beneficio de ciudadanos y empresas, favoreciendo la actividad económica y la competitividad". Además, añadió, "se disminuyen costes tanto para la administración como para el administrado, pudiendo destinar estos fondos a otros fines".
Entre los pasos dados hasta el momento, y que serán ratificados por la nueva Ley, se encuentran la reducción de los documentos requeridos a los ciudadanos y a las pymes, ya que el nuevo diseño elimina todos aquellos que han sido considerados no necesarios y la actuación de oficio de los funcionarios, no siendo necesario que se presente un mismo documento una vez que esté en los archivos de la Comunidad por otro expediente cursado.
Tramitación prioritaria
Asimismo, la nueva ley incluirá un capítulo específico de impulso en el área económica, recogiendo la tramitación prioritaria con facilidades administrativas y de ejecución para que "los proyectos de interés estratégico para la Región de Murcia no sufran ni un solo retraso y cumplan con sus expectativas de puesta en marcha, dotando a la Oficina de Coordinación y Seguimiento de Proyectos Estratégicos de una herramienta que agiliza y resuelve con inmediatez cualquier incidencia en la tramitación, tanto ante la Administración regional como con las locales y la central y propiciar su ejecución", indicó Marín.
Los plazos ordinarios de tramitación previstos en la normativa murciana en materia de Urbanismo y Medio Ambiente cuando afecten a proyectos declarados de interés estratégico regional por motivos sociales y económicos, así como para aquellos otros trámites de proyectos sectoriales del ámbito de Industria, Comercio y Turismo, se reducirán a la mitad.
El consejero puntualizó que "la reducción de los plazos de los trámites constituye el fin para generar, fomentar, potenciar y agilizar al máximo aquellas iniciativas que conlleven un beneficio para la Región y favorezcan el mantenimiento y la creación de empleo. Este marco regulatorio permitirá identificar aquellos proyectos de interés estratégico otorgándoles un carácter prioritario, simplificado y agilizando su tramitación administrativa".
Además, según indicó Marín, esta ley y su capítulo específico de impulso en el área económica contendrá la apuesta de la Región por una Administración basada en el concepto de 'ciudadano responsable' y se sustituirá determinada documentación, que se exigirá al promotor del proyecto, por una declaración responsable. Esta normativa será trabajada de forma conjunta con los ayuntamientos y tendrá efecto en los plazos de aquellas tramitaciones, licencias e informes de las corporaciones locales regulados por la Ley del Suelo u otros derivados de la simplificación administrativa.
Experiencia piloto
Simultáneamente a la redefinición de los procesos, 150 de ellos han sido aplicados como experiencia piloto para medir su eficacia y poder detectar y solucionar incidencias en su tramitación. Esta prueba ha dado como resultado unos indicadores que permiten hacer una extrapolación de las mejoras introducidas y sus beneficios.
El valor de la reducción de cargas burocráticas de acuerdo con el estándar 'coast model', el ahorro estimado para la administración, ciudadanos y empresas de la simplificación de estos 150 procesos, que suponen más de 200.000 expedientes, es de más de 14 millones de euros al año, lo que extrapolado al conjunto de procesos podría superar los 86 millones a corto plazo y 120 a largo plazo. Además, el tiempo medio de tramitación se reduce casi a la mitad y la documentación que se dejará de solicitar a corto plazo supera los 340.000 documentos. Asimismo, la estimación del ahorro en coste para la Administración de estos expedientes se reduciría tres millones, lo que podría suponer más 27 millones al año a corto plazo y 50 a largo plazo.
Marín concluyó destacando la colaboración y el trabajo de todos los funcionarios de la Administración que están desarrollando esta labor y las aportaciones de CCOO, UGT y CROEM en el Plan de Simplificación Administrativa.
