La portavoz del PSRM en la Asamblea Regional, Begoña García Retegui, respondió hoy al consejero de Economía que “la principal simplificación administrativa que están esperando los proveedores, las empresas, y los ciudadanos de la Región, es sin duda un plan de pago que asegure que cobran lo que al día de hoy les adeuda la Administración de Valcárcel, y que asciende a más de 2.000 millones de euros”.
Retegui reprochó a los miembros del Gobierno regional “que lleven todo un verano de declaraciones institucionales que poco ayudan a la economía de nuestra Comunidad, y que, en lugar de generar confianza, han generado incertidumbre”.
Según la diputada socialista, el consejero Marín “está siendo incapaz de utilizar instituciones ya creadas, como el Instituto de Crédito y Finanzas, para la captación de recursos, y tiene bloqueado el presupuesto”. A su juicio, lo que Marín debería hacer sería explicar a la ciudadanía el plan de pagos a proveedores, los recortes que piensa aplicar –“y que todos sabemos que están ahí”-, y las subidas de tasas e impuestos comprometidos por Valcárcel para hacer frente a un déficit en el que estamos a la cabeza de las comunidades autónomas españolas.
“Que Salvador Marín, en lugar de hacer tantas declaraciones, se ponga a gestionar para dar respuesta a los problemas que tiene la Región, empezando por evitar mayor destrucción de empleo y que el Gobierno regional deje de ser una verdadera carga para los intereses de ciudadanos y empresas”, finalizó.
Cumplir la legislación de la Unión Europea
Respecto a las declaraciones del consejero Marín sobre “la tramitación prioritaria con facilidades administrativas y de ejecución” para los proyectos de interés estratégico para la Región, y que afirma que se reducirán a la mitad, Begoña García le recordó que “eso sólo se podrá llevar a cabo si esa tramitación cumple con las garantías exigibles por la Unión Europea de participación social”, y que “los proyectos deben ser sometidos a evaluación ambiental estratégica por imperativo legal y no se pueden reducir los trámites”. “El consejero puede estar hablando de saltarse la Ley”, añadió.
Así, la diputada subrayó que los plazos vigentes en cuanto a la tramitación para proyectos que tienen impacto ambiental, social y económico son los que aseguran la legalidad, la participación y el control que debemos efectuar los ciudadanos sobre las decisiones de las administraciones públicas. “No obstante, el debate en la Asamblea Regional del Proyecto de Ley nos permitirá visualizar las posiciones y los requerimientos”, puntualizó.
Retegui explicó que los Proyectos de Ley que anuncie y apruebe el Gobierno regional tendrán que pasar por el Consejo Económico y Social y por el Consejo Jurídico, además de ser sometidos a los sectores a los que se refiera, previamente a la aprobación por el Consejo de Gobierno y su envío a la Asamblea Regional, y después pasan a debate parlamentario. “Los deseos del Gobierno del PP para menoscabar las garantías en los procedimientos auguran por el momento un debate amplio al que invitaremos a todos los actores sociales, económicos y medioambientales”.
Finalmente, Retegui insistió en que la legislación sobre el procedimiento en esta materia está en el ámbito europeo, “lo que, al parecer, desconoce el consejero de Economía”. “Para agilizar los trámites no se trata de acortar plazos ni reducir garantías. Lo que hay que hacer es dejarse de discursos y ponerse a trabajar para cumplir la legalidad vigente que es lo que le compete a él”.
