UPyD dice que la reforma de la Constitución no era necesaria para el techo de gasto y pide que se someta a referéndum

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Rosa Díez presenta enmiendas en el Congreso para reformar la Constitución en 2012 cambiando sistema electoral y competencias

El coordinador regional de UPyD, Rafael Sánchez, ha mostrado la oposición de UPyD para la reforma onstitucional que hoy se vota en el Congreso, al tiempo que ha recordado la exigencia de su partido para que, en todo caso, se someta a referéndum.

Sánchez ha recordado que las comunidades autónomas y los ayuntamientos pueden ser sometidos a la disciplina presupuestaria del Estado sin necesidad de reformar la Constitución, tal como demuestra una sentencia del TC difundida el pasado mes de julio. “Creemos que esta reforma no era necesaria para la contención del déficit, mientras que otras reformas constitucionales  de calado que UPyD ha reclamado en los dos últimos años ,han sido ninguneadas por PP y PSOE”

Sánchez expresó las críticas de UPyD por  la celeridad que los dos grandes partidos han imprimido a la tramitación de la reforma, hurtando, desde su punto de vista la "reflexión, el debate público y la transparencia" con la que debe acometerse un retoque de la Carta Magna. Asimismo recordó las palabras de Rosa Díez en las que afirmaba que "lo que falta en España no son normas, sino la voluntad política de PSOE y PP para propiciar un debate abierto".

De cara al debate y votación de hoy en el Congreso Sánchez ha recordado que UPyD ha presentado enmiendas que han sido desestimadas por la mesa del Congreso. En ellas se  exige un compromiso para  acometer una reforma en profundidad de la Carta Magna dentro de seis meses, que incluya un nuevo sistema electoral y la vuelta al Gobierno central de las competencias en educación y sanidad, ahora en manos de las comunidades autónomas. También se plantean en las enmiendas un sistema electoral para que los votos de todos los ciudadanos tengan el mismo valor y que se garantice de forma más efectiva la separación de poderes. Para ello pide que los órganos de gobierno del Poder Judicial dejen de ser "nombrados por los partidos", que estos no "controlen" el Tribunal Constitucional y que el fiscal general del Estado no dependa del Gobierno.

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