Begoña García Retegui, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista y José Antonio Pujante Diekmann, portavoz del Grupo Parlamentario IU-Verdes han presentado en la Asamblea Regional una moción conjunta en la que piden a los gobiernos del Partido Popular (regional y nacional) que cesen "en la actitud errática y de improvisación y desarrollen un verdadero Plan de Reordenación en el sistema de asignación de primas en el Sector de la generación de la electricidad, mediante energías renovables que acabe con la incertidumbre existente en el sector.
En la Asamblea Regional se han debatido iniciativas del Partido Popular contra el Gobierno de España ante meros anuncios que pudieran afectar al sector de las energías renovables. De hecho, Begoña García Retegui y José Antonio Pujante lo que han hecho es rescatar la demanda que hizo, durante la pasada legislatura, la actual diputada popular a Cortes Ascensión Carreño al Gobierno socialista de España, "algo que parece se le ha olvidado al Partido Popular".
En el texto de la moción se expone que toda la sociedad murciana, el Consejo Económico y Social de Murcia, las Universidades, Organizaciones empresariales y sociales de la Región, Partidos Políticos, etc., han venido defendiendo el sector de las energías renovables como un sector estratégico para la región de Murcia, capaz de ayudarnos en el cambio de modelo productivo que la Región necesita y capaz de generar empleo estable y de calidad.
Proceso ante el Tribunal Constitucional
El Gobierno de PP tiene iniciado un procedimiento ante el Tribunal Constitucional por la retroactividad en la retirada de las primas que aprobó el Gobierno de España.
Hace unos días se aprobó un Real Decreto-Ley que supone una moratoria a todo el sector de energías renovables. Ante esto, desde el Partido Socialista pedimos al Gobierno regional "coherencia y beligerancia contra esta norma para defender los intereses de nuestra Región, ya que consideramos que da la puntilla a un sector estratégico".
La excusa del Gobierno del PP para poner en marcha una moratoria ha sido el coste de las ayudas al sector. Hay que tener en cuenta que los beneficios económicos de estas energías son muy superiores a lo que cuesta su desarrollo, y dicha moratoria supone el puntillazo y desaparición del sector, lo que tendrá consecuencias directas y un impacto enorme en la economía regional y en el cambio de modelo productivo.
Actualmente estaban en pre registro más de 50 megavatios de instalación en la Región y había proyectos como el de Lorca, considerado como el mayor huerto solar de Europa, con una inversión de más de 1.000 millones de euros y miles de empleos previstos, que se verán afectados por este Real Decreto. Esto significa la destrucción de empleo, aumento del paro, caída de los ingresos y del consumo y un mayor déficit público.
Anulación del Real Decreto
Cerca de 40 organizaciones, asociaciones empresariales, sindicales y organizaciones ecologistas se han manifestado públicamente pidiendo la anulación del Real Decreto 1/2012 y han denunciado el gran error histórico y perjuicio que supone esta medida, que podría vulnerar la normativa comunitaria, además de suponer un descrédito para la imagen de España.
De no corregirse el Real Decreto, desaparecerán entre 300 y 400 puestos de trabajo directos y otros tantos indirectos en la Región, dejarán de crearse miles de empleos, además del consiguiente parón tecnológico. En España supone la pérdida de 300.000 empleos hasta 2020 y 62.000 millones de euros de inversión.
