La responsable de Sanidad del Grupo Parlamentario Socialista, Teresa Rosique ha presentado una moción en la Asamblea en la que pide al Gobierno regional que haga valer sus competencias para mantener el carácter universal y gratuito de la Sanidad Pública Regional. "La sostenibilidad de la sanidad pública no se obtiene eliminando derechos ciudadanos, sino gestionando con eficacia".

Asimismo, en esta moción reclama al Gobierno de Valcárcel, que en defensa de los ciudadanos, manifieste su rechazo ante el Ministerio de Sanidad y estudie jurídicamente la posibilidad de presentar un recurso de inconstitucionalidad al Real Decreto 16/2012, de 20 de abril, por vulnerar derechos fundamentales e invadir competencias autonómicas.

Rosique aseguró que gobiernos autonómicos como el de Andalucía, País Vasco o Cataluña están estudiando ya un posible recurso de inconstitucionalidad a este Real Decreto, "que supone un hachazo a los derechos en materia de salud y una más que posible invasión de competencias autonómicas".

El Grupo Parlamentario Socialista muestra su más profundo rechazo a las medidas aprobadas por el Gobierno de España, contempladas en este Real Decreto.

Teresa Rosique indicó que "el Gobierno de Rajoy se aprovecha de la crisis para desmantelar el sistema Nacional de Salud que disfrutábamos hasta ahora".

Desde el año 1986, con la aprobación de la Ley General de Sanidad, todos los ciudadanos residentes en territorio nacional tenemos derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria, con carácter gratuito y equitativo de las prestaciones.

El Real Decreto 16/2012

El Real Decreto 16/2012 acaba con la universalidad del Sistema. "Retrocedemos más de 30 años, volviendo al sistema de aseguramiento y beneficencia, desandando todo el camino recorrido en los años de Democracia", denunció.

A partir de ahora ya no tendremos reconocido el derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria por el hecho de ser ciudadanos; sólo se tendrá si eres asegurado o si, siendo español o inmigrante con permiso de residencia, demuestras que careces de recursos.

Por primera vez, los jóvenes de más de 26 años, que no hayan accedido a su primer empleo, no tendrán derecho a la asistencia sanitaria gratuita, la tendrán que pagar, salvo que puedan acreditar que no superan un límite de ingresos que está por determinar reglamentariamente; entonces le darán una especie de "carné de pobre".

"En la región de Murcia, los jóvenes son los más que sufren el paro: cuatro de cada diez jóvenes no tienen trabajo y ahora se les pretende aplicar otro castigo, el de privarles del derecho de tener una tarjeta sanitaria por el mero hecho de ser ciudadanos", declaró.

Queda sin aclarar la situación de otros colectivos como las mujeres separadas o divorciadas que nunca hayan cotizado a la Seguridad Social.

Se excluye, asimismo, de la atención sanitaria a los inmigrantes sin papeles, sólo se mantiene para las situaciones de urgencia, embarazo, parto o postparto y menores de 18 años. Esta exclusión afectará a unos 33.000 inmigrantes en la región de Murcia y supone un ahorro poco relevante en lo económico (el 0,68% del gasto sanitario en Andalucía). Sin embargo, a juicio de la diputada, "tendrá un coste enorme en salud y solidaridad", porque, si se aplica esta norma, dejarán de ser atendidos pacientes en tratamiento de cáncer, hemodiálisis y otras enfermedades crónicas.

Fin de la gratuidad del Sistema, se impone el copago

Con este Real Decreto se penaliza a los pensionistas, que tendrán que pagar por primera vez en España por prestaciones que hasta ahora no pagaban, como son los medicamentos.

Aunque se pone un límite de copago para este colectivo, la devolución de lo que paguen de más, la Administración lo devolverá hasta con un margen de 6 meses. "Dicha devolución la tiene que realizar el Gobierno regional y ya conocemos la morosidad con que actúa".

Otra medida injusta es el incremento del copago para los enfermos crónicos y para los trabajadores que están en activo y parados que no son de larga duración y que estén enfermos; estos últimos tendrán que abonar hasta un 50% del precio de los medicamentos.

También se aplica el copago a las prótesis externas (como collarines, féculas, muletas, sillas de ruedas, etc.). "El Gobierno de Rajoy se ha atrevido, incluso, a exigir copago por el transporte sanitario no urgente, que utilizan enfermos que necesitan tratamientos oncológicos o hemodiálisis, entre otros. Habrá copago, también, para los productos dietéticos terapéuticos que necesitan los enfermos de cáncer o personas mayores.

"Medicamentazo"

Por si esto fuera poco, el Decreto aplica, también, un "medicamentazo" que está por definir y que consiste en la exclusión de la financiación pública de algunos medicamentos para dolencias menores que son de uso común para millones de pacientes, sobre todo, personas mayores y que a partir de ahora habrá que pagarlos.

Se incluyen en el copago farmacéutico los medicamentos que se retiraban, hasta ahora sin coste, en los servicios de farmacia de hospitales para tratamientos oncológicos, VIH, hepatitis, fertilidad y artritis reumatoide, entre otros.

Otro copago aún por aclarar

Todavía queda por conocer el copago que nos viene vía cartera de servicios sanitarios, "que el Gobierno aún no ha definido y que va a establecer que, por determinadas prestaciones sanitarias, los ciudadanos tengamos que pagar".

Este ataque del Gobierno de Rajoy a los derechos en materia de salud de los españoles y, en nuestro caso, de los ciudadanos de la región de Murcia: pensionistas, jóvenes, parados, inmigrantes sin papeles y ciudadanos en general, exige – en opinión de la parlamentaria socialista- que el Gobierno regional actúe, con carácter inmediato, en defensa de la población a la que representa.

Otros Gobiernos, como el de Aragón, ya han dicho públicamente que no aplicarán al copago a determinados servicios como el transporte sanitario; o Xunta de Galicia que ha manifestado que no renunciará a construir nuevos hospitales en su Comunidad Autónoma.

Teresa Rosique apostilló que, sin embargo, "Valcárcel y su Gobierno se han limitado, hasta ahora, a asumir y justificar las inaceptables medidas de Rajoy, sumándose al coro de mentiras que está liderando la Ministra Mato, negando públicamente lo que dice el Real Decreto, que ella misma ha elaborado, ha aprobado el Consejo de Ministros y está publicado en el BOE".