El incumplimiento del Gobierno regional de los plazos legales para resolver los expedientes de dependencia puede dejar a miles de personas sin prestaciones este año

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Teresa Rosique indicó que a finales de 2011, casi 11.000 personas con derecho a prestación no tenían resuelto su expediente, pese a haber superado el plazo de 6 meses fijado por la Ley

La responsable de Política Social del Grupo Parlamentario Socialista, Teresa Rosique ha denunciado que el incumplimiento del Gobierno regional de los plazos legales para resolver los expedientes de dependencia, puede dejar a miles de personas sin prestaciones este año.

Teresa Rosique indicó que los recortes del Gobierno de Rajoy en materia de dependencia empiezan a sufrirlo ya miles de personas en la Región de Murcia. "Una de las primeras decisiones que tomó Rajoy, al tomar posesión como presidente del Gobierno fue la de frenar la incorporación de personas, con nuevos niveles de dependencia, a las prestaciones a las que tenían derecho en 2012".

Hasta ahora, explicó, las personas valoradas con grado III o II tenían reconocido el derecho a prestaciones de dependencia. Las valoradas con grado I nivel 2, según la ley, tenían derecho a incorporarse al sistema este año. La decisión del Gobierno de Rajoy ha sido retrasar el acceso a las prestaciones de estas personas hasta el año que viene, con una excepción, accederían todas las que tuviesen reconocido el grado de dependencia a 31 de diciembre de 2012.

Una nueva vuelta de tuerca

La diputada manifestó que "el Gobierno de Rajoy ha dado una vuelta de tuerca más, por lo que ahora sólo las personas valoradas con grado I nivel 2, que tengan ya fijada la prestación a recibir, podrán acceder a las mismas durante este año".

Según Teresa Rosique esta situación "supone un problema importante para las 4.310 personas, que a 31 de diciembre tenían reconocido ya el grado I nivel 2 de dependencia, porque la Comunidad Autónoma no está cumpliendo el plazo máximo de 6 meses establecido por ley para ultimar los expedientes y fijar las prestaciones".

Así lo demuestra la respuesta que la Consejería de Política Social ha dado a una solicitud de Información del Grupo Parlamentario Socialista, donde se recoge que a 31 de octubre de 2011, un total de 10.785 personas contaban con grado protegible sin haberse producido una resolución de prestación; y ello, pese a haber superado el Gobierno regional el plazo máximo de 6 meses para resolver esos expedientes.

Explicaciones

El Grupo Parlamentario Socialista pide explicaciones a la consejera de Sanidad sobre las personas valoradas con grado I nivel 2, cuyos expedientes a 31 de diciembre habían superado ya el plazo de 6 meses sin que el Gobierno regional les hubiese fijado las prestaciones.

"Desde el Grupo Parlamentario Socialista no vamos a aceptar que miles de personas en la Región se queden sin prestaciones por dependencia este año por causas ajenas a ellos, cuya responsabilidad recae exclusivamente en la gestión del IMAS", dijo.

Teresa Rosique concluyó que "los ataques de Rajoy y Valcárcel a la Ley de Dependencia ponen en riesgo las prestaciones y son un paso más en el ataque a los derechos ciudadanos desde que el PP gobierna".

Los recortes recogidos en los Presupuestos Generales del Estado para Dependencia se suman a los aprobados por el Gobierno regional en el Plan de reequilibrio económico-financiero. Unos recortes que ascienden en términos cuantitativos a más 25 millones de euros para nuestra Comunidad. "Estamos hablando de un recorte que repercutirá muy negativamente en el desarrollo y aplicación de la Ley de Dependencia. Al frenazo de Rajoy se suma el frenazo de Valcárcel para la incorporación de nuevas personas en situación de dependencia a las prestaciones, a pesar de tener reconocido su derecho a las mismas".

Según los datos publicado por el IMAS a fecha 1 de abril de 2012, 14.473 personas tenían reconocido ya grado protegible, es decir, derecho a prestaciones pero no las están recibiendo.

El Grupo Parlamentario Socialista manifiesta su rotundo rechazo al "camino emprendido por Rajoy y su Gobierno al que se ha sumado el Gobierno regional, cuyo objetivo es eliminar los derechos ciudadanos alcanzados durante todo el período democrático; derechos que garantizan la protección de los sectores más vulnerables", concluyó.

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