La responsable de Política Social del Grupo Parlamentario Socialista, Teresa Rosique denunció que el Gobierno regional "no sabe cómo quitarse de encima a los dependientes y busca subterfugios para reducir sus obligaciones de atención a la dependencia".

El Grupo Parlamentario Socialista le pide al Gobierno regional que en lugar de restringir el acceso a la dependencia, apruebe el Plan de Prevención de las situaciones de dependencia al que le obliga la ley.

La diputada socialista recordó que la Ley 39/2006 de Promoción de la autonomía regional y atención a las personas en situación de dependencia tiene una doble finalidad: por un lado, prevenir las situaciones de dependencia; y por otro, atender a las personas que ya se encuentren en esta situación.

Recorte de derechos

"El Gobierno regional está mostrándose una vez más como alumno aventajado en el recorte de derechos. De hecho, ha presentado ya en el Consejo Interterritorial varios informes que apuntan elevar la puntuación para que una persona pueda acceder a las prestaciones por dependencia; puntuación que en estos momentos es de 25 puntos en una escala de 100".

Teresa Rosique añadió que "la situación de dependencia no desaparece porque se modifique el baremo. Con la modificación prevista y propuesta por el Gobierno regional, lo único que desaparece son las prestaciones a las que en estos momentos tienen derecho las personas dependientes".

Los primeros afectados por esta medida serían las personas con dependencia leve, pero la variación del baremo podía afectar también a la dependencia severa y a la gran dependencia. El Gobierno regional olvida que uno de los aspectos más importantes de la ley es el que se refiere a la promoción de la autonomía personal.

La diputada recordó que el artículo 21 de la Ley de la Dependencia se refiere a "la prevención de las situaciones de dependencia" y tiene por finalidad prevenir la aparición o el agravamiento de enfermedades o discapacidades y sus secuelas. Para ello, el Gobierno regional debe, por mandato de la ley, aprobar el Plan de prevención. "De no llevarse a efecto estas medidas, la dependencia leve abocará irremediablemente en dependencia severa, con el perjuicio que supone para los afectados y será mucho más costosa para la Administración".

El libro blanco de la dependencia, elaborado antes de la aprobación de la ley, recogía el análisis de situación de la dependencia en las distintas CCAA, basándose en los datos que las propias autonomías aportaron.

Rosique señaló que el Gobierno regional demostró tener un absoluto desconocimiento sobre la situación de dependencia en la Región de Murcia, y calculó que en nuestra Comunidad Autónoma habría alrededor de 5.500 personas con gran dependencia, cuando al poco de la entrada en vigor de la ley ya eran casi 9.000 y esa cifra en la actualidad supera las 16.000 personas.

Cambiar los baremos

"Ahora por arte de birlibirloque, pretende el Gobierno regional reducir ese número de personas cambiando los baremos, como si estos no tuvieran que ajustarse a las situaciones reales y no al revés", denunció.

El Grupo Parlamentario Socialista considera que el Gobierno regional no debe proponer ni llevar a cabo trampas a la Ley de Dependencia, sino que debe cumplir la ley, desarrollando todas las obligaciones recogidas en la misma.

En este sentido denunció que la Comunidad está incumpliendo el plazo de 6 meses que la ley establece para la resolución de los expedientes, la fecha del pago de los atrasos de las prestaciones económicas, tiene a más de 12.000 personas con derecho a prestación reconocidas que no las están recibiendo y que tienen que ser incorporadas al sistema, no tiene aprobado el Plan de prevención de las situaciones de dependencia y en vez de cumplir todo esto, lo único que se están planteando es reducir el número de personas con derecho a prestación modificando los baremos.

La diputada anunció que va a pedir la comparecencia de la consejera de Sanidad para que dé cuenta en la Asamblea de las propuestas que se han presentado desde su Consejería al Consejo Interterritorial en relación con la modificación de los baremos para acceder a la Ley de Dependencia.

Asimismo, presentará una moción pidiendo al Gobierno regional que cumpla el plazo de 6 meses para resolver los expedientes de dependencia, que garantice las prestaciones a las personas que ya tienen ese derecho reconocido y que apruebe el Plan de prevención de las situaciones de dependencia.