La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Begoña García Retegui y la diputada, Teresa Rosique han denunciado "el desproporcionado" recorte que el Gobierno regional acometerá en la atención y protección social a través de las leyes que traerá a la Asamblea, que son el Proyecto de Ley de Ajuste Presupuestario y Medidas en materia de Función Pública y el Proyecto de Ley de Medidas Tributarias, Económicas, Sociales y Administrativas de la Región de Murcia.

"El Gobierno de Valcárcel ha encontrado a través de la Ley de Acompañamiento una vía para recortar decretos regionales y compromisos suscritos con el Estado y las CCAA en el Consejo Interterritorial. Los dependientes y los ciudadanos de la Región de Murcia verán como en nuestra Comunidad Autónoma se les recortan más los servicios, prestaciones y ayudas, al tiempo que se amplía el copago donde había copago e introduce nuevos copagos donde no los había".

García Retegui señaló que los recortes son especialmente preocupantes el tema de la dependencia y discapacidad relacionada con la dependencia y con los servicios de Atención Primaria, donde en sólo 6 meses los ayuntamientos dejarán de recibir un 30 por ciento de los 14 millones que reciben.

Modificaciones presupuestarias

Por su parte, la diputada Teresa Rosique denunció que una vez más el Gobierno regional incumple la tramitación de las leyes que tienen que ver con modificaciones presupuestarias, algo que ya se denunció con la Ley regional de Servicios Sociales cuando se aprobaron los Presupuestos.

"Esta ley que afecta a sectores tan vulnerables como dependientes, personas con discapacidad, mayores y asociaciones que trabajan en inserción social no han podido conocer y opinar sobre esta modificación de la ley que el Gobierno ha presentado, lo que ha suscitado una gran inquietud en dichas asociaciones ante los recortes que plantea la ley".

Los recortes van dirigidos a las prestaciones básicas de Servicios Sociales, afectando principalmente a los ayuntamientos como administración más cercana, con una reducción del 28 por ciento.

El otro eje va dirigido a los colectivos con discapacidad, con enfermedades mentales y a los programas de inserción social. Recordó la inquietud que se ha creado en las personas con discapacidad ante la posibilidad de que las asociaciones puedan dejar de prestar sus servicios.

Los recortes en ayudas y programas de ayudas de inserción social son otros de los afectados y sufren un tijeretazo del 46,41 por ciento. La Región tiene unos elevados índices de pobreza y se necesitan políticas de inserción, así como el desarrollo de una ley de Renta Básica de Inserción. En este sentido, Rosique manifestó que hay un gran tijeretazo en estos programas y valoró que "cuanto más crece la pobreza en la Región más recortes plantea el Gobierno regional en las partidas presupuestarias que tienen que trabajar contra la pobreza y la exclusión social".

La dependencia es el otro eje donde se centran los nuevos recortes. Nos alejamos de los acuerdos adoptados en el Consejo Interterritorial de la Dependencia 2010, lo que significa elevar el copago en la Región, reducir prestaciones en la Comunidad y discriminar a los dependientes de la Región respecto de otras autonomías.

Esto afecta al plazo que tiene la Comunidad para ultimar los expedientes para el acceso a la dependencia, que pasa de 6 a 12 meses; se eleva el copago en el servicio de residencia pasando a pagar los dependientes por estancia del 90 al 100 por cien, y se disminuye la cantidad para gastos personales del residente en un 10 por ciento, pasando de 120 a 90 euros.

En el tema de Ayuda a Domicilio y Centros de Día. En 2010 lo que tenía que pagar el usuario no podía superar el 65 por ciento el valor del servicio, ahora pasa al 90 por ciento. En la ayuda a domicilio se incrementa en un 150 por ciento lo que tendrán que pagar los usuarios. En Teleasistencia, que era gratuito, los usuarios tendrán que pagar en función de la renta, pero se crea un agravio porque equiparan las rentas que superen el IPREN.

En el tema de ayudas económicas en el entorno familiar había un acuerdo para que se garantizara el 75 por ciento del coste que tuviera esa ayuda a nivel nacional y ahora lo bajan al 10 por ciento; además establecen un copago con una elevación que supone un recorte importante en ayudas en el entorno familiar en materia de dependencia. "Consideramos inaceptables los recortes que plantea el Gobierno regional y los rechazaremos con nuestras enmiendas".

Además de estos recortes, hay otros en Política Social que tienen que ver con las ayudas a violencia de género, en donde se recortan las partidas que van a los ayuntamientos y a las organizaciones que se mantienen los CAVIS, lo que pondrá en riesgo la viabilidad de muchos de los centros.

También hay recortes sustanciales con relación a protección al menor, a pesar de que la CA hay un alto índice de menores tutelados y de que siempre las previsiones presupuestarias se han quedado cortas.