El coordinador regional de UPyD, Rafael Sánchez, ha mostrado la oposición y las críticas de su formación política a las “compensaciones económicas” que la ministra Ana Pastor ha anunciado para las concesionarias de las autopistas de peaje. En concreto, Sánchez se ha referido a la autopista Cartagena – Vera, una de las “autopistas ruinosas” de la que son corresponsables el PP y el PSOE y que “ejemplifica el descontrol e imprevisión de todas las Administraciones que ahora tendremos que pagar entre todos con dinero público”.
Para Sánchez, “no es de recibo que ahora se “socialicen” las pérdidas de la concesionarias y que el coste del “rescate” recaiga sobre las cuentas públicas y los contribuyentes”. De hecho, ha recordado Sánchez, que ya se están avalando desde hace año y medio créditos millonarios de emergencia a las concesionarias, que no han resuelto nada. Sánchez ha afirmado que “esta infraestructura, de bajísima ocupación, es otra muestra más de los excesos en el sector de la construcción durante los últimos años en la Región, ya que se construyó al amparo de la idea de un supuesto desarrollo urbanístico desmesurado en toda la zona”. Así, Rafael Sánchez ha denunciado la complicidad del PP y del PSOE para ejecutar “una infraestructura que no era necesaria, tal y como el tiempo ha demostrado”.
Rafael Sánchez ha resaltado que “la autopista tiene salidas que no llevan a ninguna parte y terminan en un bancal. En estos terrenos se pensaban construir miles de viviendas, algo que, tras la ruptura de la burbuja inmobiliaria, finalmente no ocurrió”. En este sentido, Sánchez ha recordado que la obra fue licitada y adjudicada por el último Gobierno de Aznar, pero el PSOE, con la llegada al poder de Zapatero, la ejecutó e inauguró en un momento, 2.007, en el que ya se daban claros síntomas de la inviabilidad del modelo inmobiliario masivo “que fue el que generó esta infraestructura fantasma”.
Sánchez ha concluido indicando que “si todo hubiese salido según lo previsto, los posibles beneficios de las empresas concesionarias no habrían repercutido en los contribuyentes, por lo que no parece justo que estos sean ahora los paganos de las pérdidas ocasionadas por una planificación errónea y desmesurada”.
