El secretario general del PSRM, Rafael González Tovar ha exigido que se garanticen las prestaciones sanitarias a los inmigrantes, con independencia de su situación legal, de acuerdo con las recomendaciones del Comité sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas.

Por su parte, la responsable de Sanidad del Grupo Parlamentario Socialista, Teresa Rosique ha presentado una moción en la Asamblea que recoge dicha reivindicación.

El Real Decreto Ley 16/2012 de recortes en sanidad supone, en la práctica, un cambio de nuestro modelo de sanidad, hasta hoy universal, público, gratuito y equitativo. Por lo que dicho recorte "constituye la mayor agresión a la sanidad pública que hemos vivido en la historia de nuestra democracia", advirtió González Tovar.

Advirtió que con este cambio, se pasa de un sistema de derechos a un sistema de aseguramiento. "Es decir, retrocedemos al sistema anterior a la Ley General de Sanidad de 1986, en el que la atención sanitaria era una contraprestación por lo cotizado, en vez de un derecho ciudadano universal".

Para Rafael González Tovar, "esta decisión, adoptada de manera irresponsable y sin consenso, es de una enorme gravedad y va a tener repercusiones tanto en la cohesión social como en la salud pública de nuestro país".

Retroceso en derechos humanos

Por su parte, la diputada Teresa Rosique argumenta en su moción, que la exclusión de los inmigrantes en situación irregular "supone un retroceso en los Derechos Humanos y una medida injusta socialmente. Además, supondrá un ahorro poco relevante en términos de reducción del déficit y, sin embargo, su impacto en términos de salud será enorme, en especial, para pacientes en tratamiento por cáncer, hemodiálisis y otras enfermedades crónicas, cuya continuidad dependerá ahora de su capacidad de renta para poder costearlos", denunció.

En nuestra Comunidad Autónoma, el Gobierno regional calcula que los inmigrantes es situación irregular son unos 33.000. Diversos estudios apuntan a que el gasto que genera la atención sanitaria a estos inmigrantes es mínimo. De hecho, la Comunidad Autónoma de Andalucía calcula que el gasto de atención sanitaria a inmigrantes en esta situación ronda en torno al 0,68% de su gasto sanitario. Por tanto, "no se justifica, ni siquiera en términos económicos, el recorte en derechos que Rajoy ha realizado con ese Real Decreto", apuntó Rosique.

Precisamente, el Comité sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, que acaba de examinar el quinto informe de España sobre la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ha manifestado públicamente su preocupación por las modificaciones introducidas por el Real Decreto Ley 16/2012, del 20 de abril de 2012; en particular, en la Ley de Extranjería de 2009, que recorta los derechos de acceso de los inmigrantes en situación irregular a los servicios públicos de salud (art. 12).

En este sentido, el Comité recomienda al Gobierno asegurar que, de conformidad con el principio de universalidad de las prestaciones sanitarias, las reformas adoptadas no limiten el acceso de las personas que residen en España a los servicios de salud, cualquiera sea su situación legal. También recomienda que el Gobierno evalúe el impacto de toda propuesta de recorte en cuanto al acceso de las personas y colectivos desfavorecidos y marginados a los servicios de salud.

Este derecho también ha sido reclamado por parte de diversas e importantes organizaciones sociales como Amnistía Internacional, así como la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC), que han hecho público un manifiesto rechazándolo y han anunciado que ejercerán la objeción de conciencia en la aplicación de este injusto y discriminatorio decreto.

Comunidades que no lo aplicarán

Comunidades Autónomas como Cataluña, País vasco y Andalucía ya han anunciado que no quitarán la tarjeta sanitaria a los inmigrantes en situación irregular y la Comunidad Valenciana prolongará la atención sanitaria a los "sin papeles" proporcionándoles una tarjeta sanitaria temporal que garantizará todas las prestaciones.

El secretario general de los socialistas murcianos denunció que "resulta incomprensible que en la Región de Murcia, la Consejería de Sanidad y Política Social no sólo no se ha limitado a aplicar a rajatabla esta medida, sino que procedió a negar la tarjeta sanitaria antes de la fecha límite, fijada para el 1 de agosto".

Por otro lado, recordó que la Ley General de Salud Pública, aprobada recientemente, prevé la evaluación del impacto en la salud de las normas, planes, programas y proyectos que se seleccionen, por tener un impacto significativo en la salud. La evaluación de impacto en salud deberá prever los efectos directos e indirectos de las políticas sanitarias y no sanitarias sobre la salud de la población y sobre las desigualdades sociales en salud, con el objetivo de la mejora de las actuaciones.