El coordinador regional de UPyD, Rafael Sánchez, ha manifestado que los nuevos recortes en Dependencia que han entrado en vigor en agosto, suponen una "injusta penalización para el colectivo". Sánchez ha criticado la nueva reducción de un 13% en el llamado "nivel mínimo protegible", el dinero que reciben las comunidades autónomas por cada dependiente en función de su gravedad. "Este recorte adicional para Dependencia, va a suponer en la Región alrededor de otros 12 millones de reducción", ha señalado.
Rafael Sánchez ha subrayado que, del mismo modo, en las nuevas medidas del Gobierno, se reduce en un 15% la prestación económica de los cuidadores familiares, dejando libertad a las comunidades autónomas para agudizar esta reducción. A partir del 1 de septiembre, el cuidador contará con una bonificación del 10%, siendo a cargo de la Administración General del Estado el 5% del total de la cuota, y el 85% restante a cargo del cuidador no profesional. Y en enero de 2013, el cuidador no profesional deberá hacerse cargo del 100% de las cotizaciones sociales. Aunque en un principio se pudiese pensar que esta medida podría generar la creación de empleo profesional "en la Dependencia, parece excesivo que los cuidadores familiares tengan que asumir el 100 % de las cotizaciones".
Además, Rafael Sánchez ha recordado que la Región ya había sufrido un importante recorte de otros 8,5 millones de € en las partidas que los PGE, dentro del denominado "nivel acordado" destinado, en principio, a infraestructuras (residencias geriátricas, reparación de edificios) y organización administrativa (informática, gestión), pero que en la práctica, las comunidades lo están usando para atender a las personas, dada la escasez de recursos existentes. "Es decir, en total, más de 20 millones de euros de reducción en la Región".
"Si a todo esto añadimos que los usuarios dependientes ya han "padecido" este año la implantación, de forma universal e indiscriminada, de las tasas para la valoración de Dependencia, para la solicitud de reconocimiento, revisión y para la certificación del grado de discapacidad, se puede apreciar la situación crítica en la que quedan los dependientes, en muchos casos colectivos con dificultades por ser perceptores de pensiones mínimas, estar desempleados o tener ingresos mínimos."
Para finalizar, Sánchez también ha querido resaltar que los datos del informe que la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales publicó el pasado mes de junio, expone la existencia de una enorme desigualdad "y una insoportable disparidad de esfuerzos y de ejercicio efectivo de derechos en función de la Comunidad Autónoma en la que se resida". Por este motivo, Sánchez ha indicado que "queda plenamente justificada la propuesta de UPyD para que sea el Estado quien asuma la Dependencia para asegurar la igualdad entre los ciudadanos".
