El coordinador regional de IU-Verdes en Murcia, José Antonio Pujante, ha dicho hoy que el real decreto sobre desahucios que aprobó el Gobierno la semana pasada es "un tomadura de pelo" que "no va a resolver el problema".
Pujante ha considerado que el decreto "no es consecuencia de una reflexión moral o ética del PP, sino de la presión social y la continua batalla de muchas personas que han evitado desahucios en nuestro país".
Ha indicado que la lucha de la ciudadanía "es lo que ha contribuido a que, aunque sea levemente y de manera insuficiente, el Gobierno mueva ficha", y ha criticado la "incapacidad" de PP y PSOE para reformar la ley hipotecaria.
"Incluso el real decreto no tiene efectos retroactivos, pero sí lo tienen la reforma laboral y otras medidas de naturaleza económica que perjudican a la ciudadanía", ha apostillado.
Además, ha recordado que su organización ha presentado en el Parlamento regional varias iniciativas para modificar la ley hipotecaria y establecer la dación en pago, y ha enviado una carta al delegado del Gobierno para que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado no intervengan en los desahucios.
"Si la policía tuviera que intervenir en algún sentido, debería ser para meter en la cárcel a algún que otro chorizo bancario que ha especulado y se ha enriquecido a costa de los ciudadanos, y no para atacar a las personas que intentan ejercer su derecho a una vivienda digna".
Ha hecho también hincapié en que si desde la conformación de la burbuja inmobiliaria la Administración hubiera garantizado la construcción de vivienda pública en el 10 por ciento de suelo edificable para uso público de las actuaciones urbanísticas, "se hubiese regulado el mercado de suelo y vivienda y se hubiese frenado la especulación".
"Racismo económico intolerable"
Respecto al anuncio del secretario de Estado de Comercio, Jaime García-Legaz, sobre que el Gobierno estudia cambiar la ley para otorgar el permiso de residencia a extranjeros que adquieran una vivienda por importe superior a 160.000 euros, Pujante ha subrayado que es una medida "sorprendente" que denota "una posición de racismo económico intolerable".
"Se trata de una expresión de aporofobia, es decir, del odio al que es pobre. Bienvenido aquel inmigrante que sea rico, particularmente chinos y rusos, pero al pobre se le desprecia y se le aplica una medida de pura y dura represión por parte del Gobierno", ha señalado el dirigente de la federación de izquierda.
Asimismo ha afirmado que "es indecente" y que se adopta "para intentar sacar las castañas del fuego a la banca, que es la propietaria de miles de viviendas".
Un real decreto hecho por la banca
Por su parte, el responsable de Emancipación y Vivienda de IU-Verdes, Sergio Ramos, ha asegurado que el real decreto sobre desahucios es "una burla a los ciudadanos que esperan con necesidad que se paralizaran sus desahucios".
Ramos ha explicado que el decreto "parece a todas luces hecha por los bancos, no entra en las causas principales, no plantea la reforma de la ley hipotecaria ni una moratoria, solo es maquillaje", por lo que "la patronal bancaria estará muy contenta, incluso creemos que ha podido actuar directamente en su redacción".
"Esta medida va a ayudar a menos de un 10 por ciento de afectados, es un ataque frontal a la clase media y media-baja, y sobre todo a las familias monoparentales", ha explicado Ramos, tras lo que ha señalado que IU ha presentado en el Congreso un conjunto de propuestas que pasan, en primer lugar, por la paralización de los desahucios a familias con una sola vivienda.
Además, ha apuntado que la burbuja inmobiliaria "se basó en que los bancos daban créditos muy por encima del poder de pago de los ciudadanos, con lo que las viviendas subieron de precio", y ha apostado por "modificar la ley de enjuiciamiento civil para que prime la protección de los desahuciados".
"Ministros de PP y PSOE se han vanagloriado del desahucio exprés sin preocuparse de que la parte afectada es la familia desahuciada", ha añadido Ramos, quien ha apostado además por la aplicación de políticas que fomenten la construcción de vivienda pública y el alquiler social.
