Considera que hay que seguir trabajando "porque en nuestro país las cifras de asesinatos de mujeres a manos de sus parejas se mantienen de manera dramática"

El coordinador regional de UPyD, Rafael Sánchez, ha criticado, con motivo del Día Internacional contra la Violencia de Género, el recorte de un 25 por ciento en los fondos para la prevención de la violencia de género en los presupuesto de la CARM para 2013.

Sánchez considera que la Comunidad debería mantener las partidas dedicadas a ese capítulo y ha rechazado también la reducción de lo destinado en los Presupuestos de la CARM para 2013 a la financiación del trabajo que realizan las asociaciones y los ayuntamientos con las propias víctimas, así como también para el funcionamiento de los centros de atención especializada de víctimas.

UPyD ha elaborado una declaración con motivo del 25 de noviembre.

DECLARACIÓN SOBRE EL DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA SOBRE LAS MUJERES – 25 DE NOVIEMBRE DE 2012

El 25 de Noviembre es el Día Internacional de lucha contra la violencia sobre las mujeres. El sufrimiento provocado por la violencia afecta desgraciadamente a muchísimos seres humanos, pero las organizaciones internacionales nos alertan en este día sobre la enorme incidencia que la violencia de género tiene sobre muchísimas mujeres y niñas, hasta el punto de que la Unión Europea la califica de fenómeno mundial y sistémico. Según la UE ("Directrices sobre la violencia contra las mujeres y la lucha contra todas formas de discriminación contra ellas"), además de tener graves consecuencias a nivel físico y mental para las víctimas, la violencia repercute en el desarrollo de la propia sociedad, obedeciendo su especificidad a las desigualdades que todavía se mantienen entre mujeres y hombres en las sociedades actuales (más graves en los países menos desarrollados).

Siguiendo las directrices de la UE la lucha por la erradicación de la violencia sobre las mujeres se enmarca en la universalidad de los derechos humanos y tiene como algunos de sus objetivos esenciales: promover la igualdad entre mujeres y hombres, prestando especial atención a la educación y a los medios de comunicación (públicos en especial); recoger datos e indicadores objetivos; crear estrategias eficaces y coordinadas en todos los ámbitos políticos; castigar los actos de violencia y favorecer el acceso de las víctimas a la justicia.

En nuestro país las cifras de asesinatos de mujeres a manos de sus parejas se mantienen de manera dramática, a pesar de que no somos de los países europeos con cifras más altas (paradójicamente lo son algunos de los países nórdicos, más avanzados en igualdad). En 2004 se aprobó en España la Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, que suscitó grandes esperanzas entre los partidos políticos y las asociaciones de mujeres para erradicar los asesinatos o al menos tratar de reducirlos. Tuvo la virtud de intentar llevar a cabo un enfoque integral del problema (atención policial, judicial, apoyos sociales, …) y durante estos años ha contado con cuantiosos recursos.

Pero también desde el principio la Ley presentaba déficits democráticos esenciales que el paso del tiempo ha agravado: el reduccionismo del problema de la violencia de género a la ejercida por el compañero íntimo o ex-compañero, dejando fuera otros graves ejemplos de violencia sobre las mujeres y las niñas como la trata de personas con fines de explotación sexual (que por ejemplo la UE y la ONU sí recogen dentro de la violencia de género); la tipificación penal de faltas leves como graves, llevando a la cárcel a miles de hombres por ellas, mientras aquellos que llegan a perpetrar agresiones graves o asesinatos en la mayoría de las ocasiones no han sido denunciados; la asimetría penal entre hombres o mujeres a la hora de castigar la violencia por el mismo delito, minusvalorando la violencia si es ejercida por mujeres; existencia de algunas denuncias falsas para conseguir compensaciones en situaciones de divorcio o custodia; la exclusión de gays y lesbianas que sufran situaciones de la violencia de las medidas de protección previstas; el negarse a considerar otros tipos de violencia que se producen dentro de la familia, que deberían abordarse, si bien con un tratamiento diferenciado al de la violencia de género.

Pero, tan importante como las graves limitaciones anteriores de la actual Ley, lo es que no haya sido eficaz para conseguir que los asesinatos de mujeres descendieran en nuestro país, a pesar de los cuantiosos recursos destinados a su aplicación. Es por ello hora de afrontar la cuestión de otra forma, asumiendo que la violencia es un problema de toda la sociedad, de mujeres y de hombres, que tiene que abordarse en la línea política de la UE y de los organismos democráticos internacionales, desde un consenso entre los partidos que corrija injusticias y sectarismos. UPyD estamos dispuestos a luchar por ese consenso en aras de conseguir una Ley más justa y eficaz, porque la lucha contra la violencia sobre las mujeres es objetivo primordial de la DEMOCRACIA y de la JUSTICIA.