El responsable de Economía y Hacienda del Grupo Parlamentario Socialista, Alfonso Navarro pregunta al Gobierno regional a qué está esperando para dar a conocer el déficit de la Comunidad Autónoma de 2012. "Nos parece insólito que a estas alturas el Gobierno regional no acabe de decidirse a hacerlo público y utilice excusas infundadas, lo que hace pensar que se trata de una estrategia oportunista".
Navarro recordó que el Gobierno regional recortó el gasto del presupuesto regional de 2012, recién aprobado, en 413 millones de euros, plasmado en el Plan Económico Financiero (PEF 2012-2014), y acabó ese mismo año sustrayendo la paga extra a los empleados públicos de la Región de Murcia.
También aplicó a rajatabla la mayoría de medidas de recorte del gasto que afectaban a los derechos y servicios públicos esenciales, educación, sanidad, empleo, dependencia y a las retribuciones públicas.
Un año de sufrimiento y recortes
"Después de un año de sufrimiento ciudadano y de recortes para conseguir reducir el déficit regional del 4,3 por ciento al 1,5 por ciento del PIB regional, nos tememos que el resultado final quedará muy distante de dicho objetivo, probablemente, por encima del 2,5 por ciento. Esa debe ser la causa por la que estén retrasando tanto dar a conocer este dato".
El diputado socialista añadió que si para 2013, el Gobierno regional pretende llegar al objetivo de déficit establecido para las comunidades autónomas del 0,7 del PIB, tendría que aplicar al presupuesto de 2013 un recorte superior a 500 millones de euros, en el supuesto de que el déficit de 2012 acabe finalmente en torno al 2,5 por ciento.
"Dadas las circunstancias, consideramos necesario conseguir el retraso del objetivo de déficit al menos un año -1,5 por ciento para 2013 y 0,7% para 2014-, algo que el Gobierno regional debe exigir con firmeza en la próxima reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, tal y como hemos planteado desde el PSOE en una iniciativa parlamentaria".
En opinión de Alfonso Navarro, "el PP tendría hacer un planteamiento fiscal que comportara, junto a una decidida lucha contra el fraude fiscal, la modificación de la escala autonómica del IRPF para las rentas más altas, la creación del impuesto a las grandes superficies comerciales y la creación de una escala autonómica que grabe los grandes patrimonios. A todo ello, habría que sumar la reestructuración real y contundente de la Administración regional en lo que concierne a la administración paralela y al sector público empresarial", concluyó.
